La Diputación de Alicante y tres ayuntamientos valencianos, implicados en una macro operación contra los amaños de tráfico

La macrooperación policial que tiene lugar este martes en varias provincias por posibles amaños en la contratación de servicios para la regulación del tráfico afecta también a la Diputación de Alicante y a los ayuntamientos de San Vicente del Raspeig, Gandia y El Puig.

Según informa la Fiscalía Anticorrupción, el Juzgado de Instrucción número 2 de Badalona ha ordenado la entrada y registro en diversos ayuntamientos, sedes de empresas y domicilios particulares del territorio nacional para completar la investigación sobre la empresa Aplicaciones Gespol, S.L. (integrada actualmente en el grupo Valoriza servicios medioambientales).

Esta habría obtenido la adjudicación de diversos contratos administrativos vinculados principalmente a la gestión policial en el ámbito local.

En concreto, ese juzgado de Badalona ha autorizado la práctica de entradas y registros en los ayuntamientos de Alcobendas, Arroyomolinos, Fuenlabrada, Huesca, Illescas, Lleida, Majadahonda, Mollet del Vallés, Oviedo, Parla, Pinto, Plasencia, Tiana, San Andrés del Rabanedo, Vélez Málaga, Villanueva de la Cañada, León, Palencia, Teruel, Plasencia, Torrelodones y Villaquilambre.

Además, el Juzgado ha ordenado la práctica de requerimientos de documentación, que deberán ser cumplimentados en presencia de la Policía, en la Diputación de Alicante y en los siguientes municipios: Mataró, Montgat, Pineda de Mar, Premià de Mar, Rubí, Aldea del Fresno, Brunete, El Escorial, Galapagar, Manzanares el Real, Valdemorillo, La Cistérniga, El Puig, Gandia, Logroño, O'Grove, Sant Vicent del Raspeig y Vitoria.

El dispositivo, en el que participan 580 policías, está a cargo de la UDEF y «se prevé asimismo la práctica de detenciones que afectarán a diversas autoridades y funcionarios de los municipios referidos, así como su puesta a disposición judicial al objeto de decidir sobre su situación personal«.

Según la Fiscalía, los hechos investigados podrían constituir delitos de prevaricación administrativa, fraude a la administración pública, revelación de información privilegiada, malversación de caudales públicos, tráfico de influencias, cohecho, falsedad documental por funcionario público y por particular, alteración del precio de concurso público y pertenencia a organización criminal.