El caso Azud cumple seis años de investigación sin una sola pieza cerrada

Las pesquisas terminaron ampliándose a la financiación ilegal de los socialistas donde ya consta un informe con indicios incriminatorios. Las diligencias comenzaron en 2017 y aún hoy se mantienen bajo secreto al menos cinco piezas. De hecho, la jueza acaba de prorrogar las diligencias. La incertidumbre sobre el futuro temporal se mantiene. Pero su resolución no está próxima. No se ha cerrado ni una de las numerosas pesquisas abiertas.

La principal investigación, de momento, es la denominada trama de los colegios. Unas parcelas de Valencia entregadas al empresario Jaime Febrer para que este saldara una deuda del Ayuntamiento con congregaciones religiosas tras una sentencia del Tribunal Supremo. Esmeralda Orero, una especie de 'superfuncionaria' de Rita Barberá, ha pedido declarar en el juzgado una vez se aporte determinada documentación.

Orero fue la directora general de Coordinación Jurídica de Ordenanzas, Licencias e Inspección en la última etapa de Rita Barberá. Ahora tiene un puesto dirigente en Responsabilidad Patrimonial. Los testigos de la causa la han vinculado directamente con la alcaldesa. No es la única alta funcionaria que se ha movido en las últimas fechas. Carmen Saurí, responsable de Patrimonio, también ha pedido el archivo de las diligencias al sostener que tras su comparecencia no queda acreditada ninguna actuación irregular en el proyecto para construir un hospital privado en Valencia.

La investigación más adelantada sería quizá la del presunto cobro de una comisión de dos millones de euros de Acciona por parte del cuñado de Barberá, José María Corbín, a través de un testaferro y amigo, el letrado Diego Elum.

Las acusaciones populares, por su parte, siguen enfrentadas entre ellas y con la decisión de la juez instructora. La titular de Instrucción 13 decidió que Vox y Acción Cívica, una entidad que lucha contra la corrupción, queden supeditadas a la dirección del PP, primera representación que se personó antes de las elecciones. Fue el primero en aportar los 10.000 euros que exigió la juez como fianza.

La aceptación de Acción Cívica en última instancia y con tan sólo mil euros de fianza ha vuelto a abrir la caja de los truenos. Vox se ha vuelto a quejar porque en el momento en el que iba a ingresar el depósito la cuenta del juzgado estaba bloqueada. En este sentido, afirmaron desconocer el motivo. El PP también ha presentado otro escrito. Se queja de que no le notifican las resoluciones -se dejó en suspenso a la espera de lo que decida la Audiencia- y se han enterado por la prensa de alguna resoluciones.

Las defensas, por su parte, han recurrido la designación de la Cátedra Deblanc, de la Universitat, como encargada de una pericial y han planteado numerosos problemas acerca del traslado del contenido de los móviles y ordenadores al resto de investigados. La macrocausa de Azud es hoy por hoy un enorme embrollo.