Baldoví pide que Cataluña y la Comunitat no se comuniquen en castellano

A pesar de las resoluciones judiciales en contra, Compromís mantiene el empeño de que la Comunitat Valenciana, Cataluña y Baleares compartan sus comunicaciones en la lengua cooficial valenciana y catalana sin necesidad de hacerlo también en castellano. Tanto el Tribunal Superior de Justicia valenciano como el Tribunal Supremo tumbaron la parte del decreto de usos del valenciano aprobado por el Consell que pretendía blindar este tipo de comunicación y marginar al castellano. Ahora, Compromís, a través de su diputado nacional en el Congreso, Joan Baldoví, busca una puerta abierta que permita sortear a los tribunales y aplicar el espíritu del decretó que emanó de la conselleria de Educación y Cultura que dirige su compañero de partido, el nacionalista Vicent Marzà.

El parlamentario de Compromís ha suscrito una proposición de ley a favor de la «igualdad lingüística» entre las lenguas cooficiales y el castellano junto a otros grupos parlamentarios como EH Bildu, PNV, la CUP, ERC o el BNG. Una iniciativa firmada también por Unidas Podemos y que fuerza al PSOE a posicionarse sobre una cuestión que los socialistas sí que apoyaron en la Comunitat y que recibió un rotundo varapalo judicial. Ahora en Madrid habrá que ver qué hacen los socialistas.

La clave de la proposición de ley presentada en el Congreso por Compromís y otros grupos está en el punto séptimo de la exposición de motivos: «Permitir el uso administrativo de las distintas lenguas entre territorios del mismo espacio lingüístico, dentro y fuera de las mismas fronteras administrativas, sin barreras y firmando acuerdos para la recepción recíproca de medios de comunicación dentro de esos espacios lingüísticos».

La única diferencia entre el decreto de usos del valenciano aprobado por el Consell y la proposición de ley es el cambio del término «ámbito lingüístico» por «espacio lingüístico». Dos términos que se pueden considerar sinónimos.

El término «espacio lingüístico», es al que se agarran los partidos firmantes para permitir el intercambio de información en lenguas cooficiales. El Consell del Botánico dictó en 2017 el decreto de usos del valenciano, que daba preeminencia a la lengua cooficial sobre el castellano, de tal manera que excluía este idioma en las comunicaciones oficiales entre la administración autonómica y las regiones «del mismo ámbito lingüístico» que el valenciano, en referencia a Cataluña y las Islas Baleares.

El TSJ de la Comunitat Valenciana ya anuló una gran parte del decreto de usos en una sentencia de 2018. Generalitat y STEPV recurrieron el fallo del TSJ ante el Supremo, que en junio dictó la primera sentencia avalando el pronunciamiento del alto tribunal valenciano. Desestimó la pretensión de la Abogacía de la Generalitat de no traducir las resoluciones siempre que estas fueran a un territorio del mismo «ámbito lingüístico».

El Tribunal Supremo consideró que «ámbito lingüístico» es un término que acumula distintos problemas. Para el alto tribunal «es un concepto jurídico ajeno a la norma estatal aplicable» e «infringe» artículos tanto de la Ley de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas (LPAC) como de la Constitución. Además, el Supremo señaló que «ámbito lingüístico» no se ajusta a la «competencia estatal».

Para el Supremo, la Generalitat sobrepasaba sus competencias al introducir el término «ámbito lingüístico» para salvar las diferentes denominaciones –valenciano y catalán–. La norma estatal «no precisa ni admite ninguna otra intervención normativa por parte de la Comunidad Autónoma», subrayan los magistrados.

A pesar de los autos, los grupos parlamentarios del Congreso firmantes de la proposición insisten en el término, que persigue principalmente favorecer que Cataluña, la Comunitat Valenciana y Baleares se comuniquen oficialmente en catalán y valenciano sin dar opción al castellano. La proposición de ley registrada en el Congreso de los Diputados es muy similar al decreto de usos tumbado en su mayor parte por el TSJ de la Comunitat.

El documento pide también la reciprocidad de canales autonómicos –TV3 y À Punt–, la rotulación en lenguas cooficiales y que los funcionarios de la administración del Estado y las instituciones usen y conozcan las lenguas cooficiales. El objetivo, según cita la proposición en uno de sus puntos, es acabar «con al imposición legal del castellano».