La responsable en la Generalitat de la F-1 declara que recibía órdenes de Camps

La encargada de la Generalitat para el asunto de la Fórmula 1, Belén Reyero, declaró ayer ante la juez que el máximo responsable político del evento era Francisco Camps, quien impulsó personalmente el proyecto y negoció la llegada de las carreras automovilísticas a la capital del Turia tras una propuesta del magnate Bernie Ecclestone, según determinadas fuentes judiciales. Por ejemplo, concretó que los contratos de adhesión que ella repasaba eran pactados previamente por el dueño de la F-1 y Francisco Camps.

Reyero, que declaró durante cerca de tres horas en Instrucción 2 de Valencia, respondió a las preguntas de Anticorrupción y la juez, pero no al resto de defensas. En todo momento defendió su actuación y rechazó cualquier tipo de ilegalidad en su supervisión de la F-1. Algunas fuentes consultadas recordaron que los responsables de Reyero, según ella misma detalló, eran Vicente Rambla y Gerardo Camps, consellers que tenían las competencias sobre la sociedad de Proyectos Temáticos. De igual modo, indicaron que la investigada negó una amistad previa entre Camps y Aspar, una de las tesis que mantiene Anticorrupción y punto de partida por el que el presidente le 'entregó' la organización de la F-1 al expiloto de motociclismo.

Otro de los puntos sobre los que trató su comparecencia fue el controvertido contrato de julio de 2011 por el que se renovaban las carreras justo unos días antes de la dimisión de Camps. Al parecer, según explicó, la fecha del contrato ya no fue el 19 de julio sino el día 12, lo que debilitaría la versión de que Camps lo hizo ante la urgencia de su dimisión. Además, precisó que el documento ya estaba pactado desde octubre y noviembre de 2010, lo que beneficia también la posición de la investigada Lola Johnson que en aquel entonces todavía no estaba en el Gobierno autonómico.

Reyero se ha visto señalada por el último informe de la UDEF que la sitúa como pieza clave del engranaje para que la F-1 terminara celebrándose en Valencia. En los emails que adjunta el dossier policial muestra la intención de determinadas personas de acercarse al evento para hacer negocios a costa del dinero público o su hartazgo ante los sueldos que cobraban en Valmor frente a lo que percibía ella como personal de la Generalitat. En ningún caso admite la comisión de un hecho delictivo. La investigada reconoce que tras la primera edición del Gran Premio se conocía que la prueba nunca sería rentable económicamente.

Este punto, el acceso a los correos, ha generado malestar en las defensas, que mantienen que no se pueden visionar los archivos que facilitó la Policía. La juez impidió ayer que el fiscal preguntara sobre los emails.

El PSPV aprovechó esta comparecencia para acusar al expresidente de ser el cabecilla de «un saqueo organizado» y de «una estafa colectiva» por las supuestas irregularidades en la F-1. El portavoz del PSPV en Les Corts, Manolo Mata, manifestó que se trata de «la historia de una gran estafa colectiva». Camps quería ganar unas elecciones «prometiendo un evento y engañó a todo el mundo haciendo creer que era gratuito». Hoy es el turno en el juzgado de Nicolás Figueras, exdirector general de Proyectos Temáticos.