Benavent revienta el caso Imelsa ante el juez: «Estaba solo, destrozado. Lo único que me quedaba era acusar por acusar a todo el mundo»

La aparición del penalista Juan Carlos Navarro ha supuesto un cambio en la estrategia que Benavent había mantenido con su anterior abogado Ramiro Blasco, que contaba con el apoyo de la familia del arrepentido. Benavent tenía pensado irse a la India, pero decidió volver a España tras la querella de la Diputación de Valencia que anunció Alfonso Rus. Su testimonio supone una brecha en el cúmulo de pruebas contra los principales cabecillas de la supuesta trama de corrupción. Como ejemplo, sirve esto: «Realicé las grabaciones de forma malintencionada provocando la conversación, lo que a mí me interesaba. Que el interlocutor dijera lo que yo quería», indicó.

En este punto, arremetió contra la consellera de Transparencia, Rosa Pérez Garijo, a quien acusó de buscar rentabilidad política en este asunto. Es más, dijo que se ha visto beneficiada porque hoy en día es consellera. «Filtró las grabaciones para sacar un rédito político», aseguró. La declaración resultó alto atropellada. Benavent reconoció que cuando se marcha de Imelsa se lleva unas cintas para, en teoría, protegerse en un futuro. Todo eso se guarda, según el exgerente, primero en una casa en Cofrentes y después en el despacho de su letrado en Valencia. Allí también había documentación para preparar la defensa «de todas las causas».

El exgerente de Imelsa puso en duda también el registro de esas dependencias. «Tenía allí documentación propia para preparar mi defensa. Desconozco qué se llevó la Guardia Civil de ese despacho. No sé qué se llevaron o si omitieron algo, lo desconozco». El testimonio que ha supuesto un terremoto en el caso Imelsa duró apenas 25 minutos. De las consecuencias, posiblemente, se hablará días.

Marcos Benavent también admitió ante el juez instructor que las grabaciones fueron, además, «manipuladas y editadas» por él y por su entonces suegro, el ahora también acusado Mariano López. Ambos colaboraban en esta tarea desde dos ordenadores diferentes, según detalló el investigado. También emplearon «varios teléfonos móviles». «Eran corta y pega», llegó a resumir. Esto se hacía supuestamente durante los fines de semana que pasaba en casa de su suegro. «Nunca le di permiso», señaló. «Me las sustrajo», confirmó más adelante en relación a los audios. «Escuchábamos, cortábamos, pegábamos...». Ese era el presunto modus operandi.

El exgerente se esforzó por cuestionar los pendrives que entregaron en la Fiscalía tanto Rosa Pérez como el suegro y que forman parte del inicio de las diligencias. Benavent relató también un episodio confuso cuando la causa estaba bajo secreto. Fue una reunión con la entonces diputada de Esquerra Unida y ahora consellera. Entonces, le confesó que su suegro le había trasladado las grabaciones. «Aquella filtración me dejó sin defensa», lamentó. Benavent se vio entonces solo, «presionado», según su testimonio. «Lo había perdido todo». Se encontraba «psicológicamente destrozado». El exgerente confesó que entonces, atrapado en aquella tesitura, optó por mentir. «Lo único que me queda es acusar a todo el mundo, acusar por acusar, de forma genérica. Y ya veremos qué pasa... He causado mucho daño, pero es que no me quedaba otra. No tenía los papeles para armar la defensa ni los audios. Los políticos ya habían sacado tajada de todo eso».

Volvió a insistir en la consellera de Transparencia. Fue especialmente crítico con ella de quien insinuó incluso que llegó a un «pacto de silencio» con su entonces suegro y ahora también acusado en la causa. «Ella -en la oposición- pidió el expediente del call center y luego ya no se supo nada más. Además, en las grabaciones se hablaba de este asunto, pero no han aparecido», indicó como una muestra más de la alteración de estos soportes. El caso del call center, en realidad, surge por las revelaciones de Benavent, pero no forma parte de la denuncia de Rosa Pérez.

Existe un punto de inflexión en el triángulo de confianza que formaban Marcos Benavent, su anterior letrado Ramiro Blasco y la Fiscalía Anticorrupción: el primer escrito de acusación. El ministerio fiscal le reclamó ocho años de cárcel por la pieza donde se analiza el pago de gastos electorales al PP por parte de Thematica, la empresa que el exgerente de Imelsa controlaba desde la sombra. Fue en ese momento cuando Benavent empezó a pensar de manera distinta, según su entorno actual. Otras fuentes niegan, en cambio, que aquel fuera su punto de inflexión. Y esto con independencia de que en el juicio, una vez ratificada su voluntad de colaborar, se le redujera la pena, tal y como estaba previsto.