Benavent implica a la consellera de Transparencia en el caso del 'call center'

Marcos Benavent disparó ayer hacia todos los frentes en su comparecencia ante el juez del caso Imelsa. Lo más significativo, sin duda, la denuncia acerca del supuesto tejemaneje en el que participaron la hoy consellera de Transparencia, Rosa Pérez Garijo (EU), con Mariano López, exsuegro de Benavent y el hombre que custodiaba los audios incriminatorios que durante años grabó el recaudador del PP.

El exgerente de Imelsa dio un paso más en las revelaciones que ya había realizado ante la UCO. Ahora ya no era la idea que Rosa Pérez -entonces diputada provincial- acordó denunciar todo el caso Imelsa menos el asunto del 'call center'. Ahora a cambio de que el suegro le facilitara las grabaciones, Benavent sugiere que le dieron un contrato sobre determinados asuntos para regularizar el camping del Teularet, en Enguera. Las instalaciones están dirigidas por el sindicato de Comisiones Obreras. Y la empresa supuestamente beneficiada fue la de Técnicas Legales Administrativas, una mercantil sin trabajadores. En la documentación remitida al juzgado, no obstante, constan pagos a la empresa Servimun. Una factura sobre el camping fue rechazada en junio de 2015, pero exactamente el mismo importe por otro concepto se aprueba a finales de ese ejercicio.

Se ignora qué consecuencias pueden tener estas afirmaciones de Benavent en el devenir de la causa. Una posibilidad sería la citación de la consellera para que aclare este extremo. No obstante, si lo hiciera como investigada tendría que llevarse la causa al Tribunal Superior de Justicia (TSJ) al ser aforada. Él, ante los medios, adelantó que pedirá su comparecencia. La incógnita es si el fiscal respaldará esta propuesta. Algún letrado durante la declaración de ayer ya advirtió al juez de que Benavent estaba realizando imputaciones sobre una persona aforada.

Las implicaciones de Benavent no se limitaron a la líder de Esquerra Unida. De igual modo, trató de que el caso salpique a otros dirigentes del PP como Vicente Betoret. El exgerente apunta a que el diputado nacional pactó con Mariano López la renovación del 'call center' -el servicio se pudo prorrogar pero se rechazó- pese a las deficiencias existentes. Se basa en un correo de López en el que aseguraba que lo tenía todo atado con Betoret.

No se olvidó tampoco de lanzar veladas acusaciones contra los dirigentes del PSVP José Manuel Orengo y Toni Gaspar, actual presidente de la Diputación de Valencia. Cree que ellos también estaban dispuestos a renovar la concesión a su suegro. El fiscal pidió la declaración de Gaspar como testigo. Las actuaciones policiales no apuntan indicios de la tesis que sostiene el colaborador de Anticorrupción.

La consellera de Esquerra Unida reaccionó de inmediato ante las palabras de Benavent en sede judicial. Lamentó el «calvario» que pasan quienes, como ella, denuncian la corrupción y se enfrentan «a los corruptos». «Las acusaciones que ha realizado Marcos Benavent en sede judicial son falsas y sumamente graves. Y anuncio que estoy estudiando la interposición de una querella criminal por atentar contra la verdad y contra mi honor», declaró. Esta acción, en caso de producirse, tiene poco recorrido judicial.

«Como diputada en la oposición, voté en contra de la externalización del servicio del Call Center, expediente que solicité en reiteradas ocasiones en el marco de la función de la fiscalización que ejercí en la Diputación de Valencia. Esquerra Unida, además, fue el único partido que defendía la gestión directa de este servicio», añadió.

El último informe de la UCO presenta a Mariano López como pieza nuclear de la trama del supuesto amaño del 'call center'. No ya por los 200.000 euros de supuestas comisiones que recibió por las gestiones para obtener el servicio de atención sino que, además, consiguió trabajo para dos de sus familiares. En concreto, para su hijo, que se convirtió en uno de los supervisores del servicio de atención telefónica en el horario vespertino. Pero también para el primo de López, Alberto Beltrán, que trabajó como telefonista, según las actuaciones judiciales.

López había sido el presidente de los empresarios de la comarca y conocía a Alfonso Rus. Los últimos informes policiales revelan llamadas del expresidente de la Diputación al teléfono de López justo en un momento en el que las críticas a la adjudicataria se sucedían precisamente por el mal servicio que prestaban. Los investigadores creen que el hombre que presionó desde dentro de Imelsa fue Salvador Deusa.