Benavent ofrece ya al juez dinero de un desahucio para pagar su responsabilidad

Marcos Benavent, el exgerente de la empresa Imelsa y ahora colaborador de Anticorrupción, ha ofrecido al juzgado de Instrucción 18 de Valencia, el que investiga la macrocausa de corrupción que supuestamente lideraba Alfonso Rus, una cantidad de dinero que sirva como un anticipo de las responsabilidades que pueda suponer una futura condena. Así consta en un escrito presentado en el juzgado por su letrado.

Los fondos se encuentran en otro juzgado, en concreto, en el 23 de Primera Instancia de Valencia. En ese procedimiento, como consecuencia de los embargos realizados a los ejecutados -cantidades que provienen de un desahucio- existe un dinero a favor del colaborador de la Fiscalía Anticorrupción. Este procede de los impagos del alquiler de una propiedad del exgerente que, al parecer, no se encuentra embargada.

El propio beneficiado ha pedido al juzgado de Primera Instancia que derive las cantidades al órgano que investiga el caso de corrupción. Pero no ha sido posible porque no existe de este último ninguna orden de embargo o retención. Esto es precisamente lo que reclama ahora el colaborador de la Fiscalía, que el juzgado solicite quedarse ese dinero.

El objetivo sería hacer frente a las posibles responsabilidades económicas que se deriven de una hipotética condena. El exgerente, una vez dio el paso de colaborar, es uno de los más interesados en que las investigaciones se cierren cuanto antes para, en el caso de que se derive una responsabilidad penal, iniciar de inmediato su cumplimiento. Recientemente estuvo realizando trabajos en beneficio de la comunidad en una residencia de ancianos debido a la sentencia por conducir con exceso de velocidad.

Alfonso Rus se encuentra con todos los bienes trabados desde que comenzó la investigación hace ya más de dos años. En repetidas ocasiones, ha pedido al juzgado que libere parte de sus propiedades. Hasta la fecha, el juez instructor se lo ha denegado, aunque en la última ocasión abrió la puerta a desbloquear parte de sus propiedades en un futuro. Otros investigados, como Emilio Llopis, solicitaron en su día al juez que le permitieran tener 1.000 euros al mes de su plan de pensiones ante lo delicado de su situación económica. Se ignora la decisión que adoptó el magistrado.

Tan sólo dos piezas de la macrocausa Imelsa -la contratación de los conocidos como zombies en empresas públicas- parecen próximas a su fin. El resto de las investigaciones se mantienen vivas, aunque sin novedades significativas desde hace varios meses a la espera de diferentes informes.