![Benavent pide permiso al juez para alquilar un piso y empezar a devolver el dinero malversado](https://s2.ppllstatics.com/lasprovincias/www/multimedia/201905/31/media/cortadas/benavent-kxQF-U80409385963nsH-624x385@Las%20Provincias.jpg)
![Benavent pide permiso al juez para alquilar un piso y empezar a devolver el dinero malversado](https://s2.ppllstatics.com/lasprovincias/www/multimedia/201905/31/media/cortadas/benavent-kxQF-U80409385963nsH-624x385@Las%20Provincias.jpg)
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Marcos Benavent, el exgerente de Imelsa y ahora colaborador de la Fiscalía Anticorrupción, ha solicitado permiso en el juzgado de Instrucción 18 de Valencia, el que investiga la macrocausa de Imelsa, para alquilar un piso que el exdirigente tiene en la ciudad de Valencia. El dinero procedente de ese arrendamiento iría destinado al pago de las responsabilidades civiles de una hipotética condena en cualquiera de las causas en las que se mantiene investigado, según recoge un escrito presentado en el órgano judicial. De hecho, la propuesta del exrecaudador del PP es que las rentas se ingresen directamente en la cuenta de consignación del órgano judicial.
El inmueble, que se encuentra embargado por el juez, se sitúa en la avenida Pérez Galdós de Valencia. En algún momento, fue el domicilio conyugal de Benavent. El abogado, en la documentación entregada en el juzgado, incluye el contrato con el futuro inquilino de la vivienda. El importe que se ha fijado es de 300 euros.
El exgerente de Imelsa ha mostrado su intención de reparar el daño causado y cumplir cuanto antes sus responsabilidades penales desde que decidió colaborar con la Justicia para esclarecer los hechos. Benavent es consciente de que la cárcel es una opción más que probable en el largo plazo. De hecho, el retraso que acumulan casi todas las causas en las que está inmerso suponen un grave contratiempo para tratar de saldar su deuda con la sociedad.
El colaborador de la Fiscalía Anticorrupción se encuentra investigado en la mayoría de piezas derivadas del caso Imelsa. Entre ellas, el amaño del call center de la Diputación, la contratación de los zombies en la empresa pública -personas que recibían una nómina sin ir a trabajar- y el cobro de comisiones por la construcción de colegios impulsados por Ciegsa. De igual modo, en los asuntos relacionados con el Ayuntamiento de Valencia se analiza su participación, tal y como ha reconocido, en el cobro de mordidas por adjudicaciones públicas de la Concejalía de Cultura en la etapa de María José Alcón en el Consistorio.
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