Los retrasos en el juzgado de Instrucción 18 de Valencia afectan de nuevo gravemente a las partes del procedimiento. En esta ocasión, se trata del exgerente de Imelsa, Marcos Benavent, uno de los cabecillas de la trama de corrupción y ahora principal colaborador de la Fiscalía Anticorrupción. El que fuera mano derecha de Alfonso Rus mostró su voluntad hace casi un año de devolver parte del dinero sustraído. Era mayo de 2019 cuando pidió al titular del órgano permiso para alquilar un inmueble de su propiedad. El dinero procedente de ese arrendamiento iría destinado al pago de las responsabilidades civiles de una hipotética condena en cualquiera de las causas en las que se mantiene investigado, según recogía aquel escrito presentado en el órgano judicial. De hecho, la propuesta del exrecaudador del PP era que las rentas se ingresaran directamente en la cuenta de consignación del juzgado.
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El órgano judicial que instruye todas las operaciones derivadas del caso Imelsa, no obstante, no había contestado hasta la pasada semana. Una providencia notificada a las partes recoge que no existe ningún problema en alquilar ese piso, en la avenida Pérez Galdós de Valencia. Fue el inmueble en el que Benavent vivió durante su matrimonio.
El juzgado responde ahora que no existe problema alguno para que proceda a esa actividad porque el juzgado no le ha embargado ese bien ni sus rentas al igual que tampoco se ha decretado la administración de su patrimonio. En realidad, esa orden proviene de otro juez que envió la causa a Instrucción 18 para que se acumulara a las otras investigaciones. Pero tampoco se tiene noticia de la incorporación de ese expediente.
LAS PROVINCIAS contactó ayer con el letrado de Benavent, Ramiro Blasco, para preguntarle acerca del arrendamiento y cuando comenzaría a recibir los ingresos. El abogado, sin embargo, lamentó que debido al tiempo transcurrido desde la petición ya no disponen de esa oferta. Resulta lógico pensar que una persona que necesita un piso no pueda estar ocho meses a la espera de una respuesta afirmativa.
Ahora, deberán buscar otro candidato. El importe que pedían en la oferta que adjuntaron al juzgado era ciertamente competitivo: 300 euros por una vivienda que supera los 90 metros cuadrados.
El exgerente de Imelsa siempre ha mostrado su intención de reparar el daño causado y cumplir cuanto antes sus responsabilidades penales desde que decidió colaborar con la Justicia para esclarecer los hechos. Benavent es consciente de que la cárcel es una opción más que probable en el largo plazo. De hecho, el retraso que acumulan casi todas las causas en las que está inmerso supone un grave contratiempo para tratar de saldar su deuda con la sociedad.
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Esta circunstancia, tal y como ha informado este periódico, afecta a todos los investigados en las diferentes piezas de corrupción. Por un lado, existen varias causas con la instrucción totalmente agotada donde no se practican diligencias desde hace años, pero que no concluyen con una resolución del juzgado que dicte el procesamiento o bien el archivo si consideran que no corresponde mantener el procedimiento penal. En algunas de estas investigaciones son constantes las quejas de los imputados acerca de la lentitud del procedimiento. Como ejemplo, la queja del exalcalde de Cofrentes, investigado por ser uno de los zombies, que lleva más de dos años a la espera de que el juzgado le conteste sobre una serie de diligencias.
Las declaraciones de Benavent en sede judicial así como las grabaciones que durante años realizó a sus amigos y compañeros de partido han servido para sustentar la mayoría de las investigaciones.
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