Benavent trata de desligarse de la adjudicación y control del call center

El primero en defender su tesis ha sido Mariano López, el exsuegro de Marcos Benavent, el que fuera custodio de los famosos audios, y que se benefició económicamente, cerca de 200.000 euros, de la adjudicación del call center a Servimun.

La defensa del suegro ha lamentado la falta de indicios. «Aquí se han confundido las sospechas con los indicios», ha resumido. El letrado se ha preguntado quién ha amañado los famosos pliegos. «¿La Mesa de Contratación? Que han dicho que no. ¿El presidente?, ¿dos técnicos?. El abogado ha ironizado con que este juicio ha sido como la película 'Amistades Peligrosas', »al parecer todos eran amigos íntimos«.

El abogado ha hablado de la encomienda de gestión que la Diputación hace a Imelsa. «Esto nunca se ha cuestionado judicialmente». Ha recordado la mala relación entre el gerente Marcos Benavent y su cliente. Pero, del mismo modo, ha negado cualquier relación de López con Rus o con el partido del PP. «¿Pero cómo se ha probado aquí que hablara con Rus para pedirle que amañara el contrato?».

La defensa ha enumerado hasta 15 indicios que evidencian la falta de participación de López en todo el proceso. Es más, según la defensa, el propio agente de la UCO reconoció que no había pruebas de la participación del suegro en el supuesto amaño. «No hay papeles ni correos de que acrediten la participación previa de López en el proceso de adjudicación».

Marcos Benavent, a través de su defensa, ha planteado toda una serie de nulidades al tribunal. En primer lugar, el registro del despacho del primer abogado de su cliente. El auto que legitima la entrada y registro está sesgado porque no consta el acta, ha revelado. De igual modo, ha censurado cómo se requisaron los ordenadores personales de los trabajadores de Divalterra. «Se han vulnerado todos los derechos fundamentales», ha insistido. Fueron los técnicos de una auditora externa la que ejecutó esa intromisión. Y, además, lamentó el uso de los correos en los informes policiales. «Se ha legitimado el uso de esos mensajes que transcribe la Policía», según la tesis de la Fiscalía.

El letrado ha criticado la acusación pública. Lamentó que a su cliente le acusen de omitir las labores de control en la empresa pública para permitir el fraude. «Pero qué prueba hay para decir que Benavent es garante de lo que aconteció en la empresa». La idea que ha propuesto es en qué medida fue garante de los pasos que supuestamente se dieron en la empresa pública. «Mi cliente no podía ir más allá, le dijo a la Responsable de Recursos Humanos que lo controlara, pero él no podía rescindir el contrato», ha subrayado. Tampoco disponía él de ningún poder en la fase inicial del servicio porque eso correspondía a la Mesa de Contratación, siempre según su defensa.

La estrategia de la defensa es desligar por completo a su cliente de todo el proceso pese a que él era el gerente de la empresa pública. Pero, según su relato, no abordó -porque tampoco podía- ninguna de las fases determinantes del procedimiento. También ha rechazado la posibilidad de que hubiera un delito de prevaricación.