Benigembla, Xixona y Orxeta, los únicos municipios que aún no han entregado sus cuentas en la Sindicatura

La Sindicatura de Comptes ha presentado su informe sobre las entidades locales, el análisis económico de los números de los municipios pero también de mancomunidades y empresas locales. El trabajo ofrece una exhaustiva aproximación del mapa financiero local así como una radiografía de los principales problemas que han detectado los auditores. Entre ellos, un clásico no ya de este ejercicio sino del resto de temporadas: la falta de cumplimiento de los plazos acordados. 

Por un lado, en la presentación de los propias cuentas. 17 entidades incumplieron el plazo -hasta diciembre de 2022- para entregar sus balances. Esta circunstancia supone un incumplimiento muy grave porque impide la supervisión por parte de la Sindicatura.

Entre los municipios, Albalat dels Sorells, Balones y La Vila las depositaron en los meses posteriores, ya fuera de plazo. Pero existen tres casos todavía más flagrantes: Benigembla, Xixona y Orxeta que han eludido este control. En esta lista de incumplidores figuran 11 mancomunidades, entre ellas dos estaciones depuradoras.

No son cifras excesivamente altas ni que supongan un incremento notable respecto a otros ejercicios, pero la Sindicatura apuesta por reducir a cero el número de infractores. Las mismas fuentes recuerdan que esto impide el acceso a las ayudas de la Generalitat.

El informe sí recoge incumplimientos más frecuentes, por ejemplo, en todo lo relacionado con las obligaciones de plazos derivadas de la ejecución del ciclo presupuestario: el 77% no aprobaron su presupuesto dentro del plazo legal en 2021, siendo relevante también la vulneración de los plazos de aprobación de la liquidación del presupuesto (25%) y de la cuenta general (24%).

Por último, el informe reitera las recomendaciones de ejercicios anteriores. Así, señala la necesidad del cumplimiento del ciclo presupuestario, la potenciación del control interno y la adopción de las medidas necesarias para subsanar las anomalías que se ponen de manifiesto.

De igual modo, pone el énfasis en la necesidad de establecer refuerzo sobre las medidas de protección frente a ataques cibernéticos. Los últimos años se han multiplicado este tipo de acciones donde se bloquea información sensible por parte de los municipios y se exige un rescate para liberarla. Ocurrió, por ejemplo, en Requena hace unos meses.

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