Blasco se sienta otra vez en el banquillo por amañar los contratos de informática de la conselleria

El exconseller Rafael Blasco volverá a sentarse en el banquillo. De nuevo, las graves irregularidades en la contratación durante su etapa en la Generalitat le sitúan frente a un tribunal. Será en la Audiencia de Valencia, a partir del próximo 3 de marzo. Los magistrados enjuiciarán la conocida como quinta pieza del caso Cooperación, el amaño de los contratos de informática para la Conselleria de Solidaridad e Inmigración. El juicio contará con varias sesiones. El primer día declararán todos los acusados. El 26 y 29 de marzo se dedicará a las testificales, junto al 15 de abril cuando, además, también acudirán los peritos. Finalmente, los informes serán el 16 de abril.

Blasco se enfrenta a casi tres años de cárcel por estos hechos, tal y como adelantó LAS PROVINCIAS. No será el único acusado. Le acompañarán en el banquillo sus compañeros en estos episodios de corrupción. La que fuera su mano derecha en la conselleria, Tina Sanjuán, que ya estuvo en la cárcel por el desvío de fondos en la primera pieza del caso Cooperación. También estará el empresario Augusto César Tauroni, amigo personal del conseller y protagonista, a través de sus empresas y ONG´s, de las adjudicaciones bajo sospecha. Se enfrenta a dos años y seis meses de cárcel. Sanjuan, a dos años.

No sería descartable una conformidad en esta pieza. Hay que tener en cuenta que algunos hechos de la causa, como la amistad de Blasco y Tauroni y su atípica relación pese a ser contratista y proveedor, ya ha quedado probada en otros juicios. Los acusados tienen menos posibilidades de salir absueltos en este asunto cuando ya existen fallo anteriores -alguno firme- por hechos relacionados. El acuerdo permitiría a Blasco y al resto de acusados beneficiarse de una rebaja de pena a cambio de su confesión. Además, no es la primera vez que ambos dan su brazo a torcer. El exconseller y Tauroni pactaron en las piezas 2 y 3, la del fallido hospital de Haití y otras subvenciones.

Los hechos se remontan al periodo 2008-2011. La conselleria debía renovar diferentes contratos en el departamento de informática. De nuevo Blasco, según la fiscalía, se concertó con Tauroni para que sus empresas se quedaran con el servicio. Para ello encargó a Tina Sanjuán, que hiciera todas las gestiones necesarias para amañar los concursos. Esta no dudó en cumplir las órdenes y se lo comunicó al responsable de informática de la conselleria, el acusado que se enfrenta a menor pena.

Tauroni y Sanjuán decidieron que lo más beneficioso para sus intereses sería acudir a un procedimiento llamado de contratación centralizada a través de la Dirección General de Patrimonio del Ministerio de Economía y Hacienda, mediante empresas adheridas a la central de compras del Estado. Fue entonces cuando contactaron con Fujitsu e Indra, dos firmas con acceso a la citada plataforma, para que posteriormente estas subcontrataran a Dinamize, una de las sociedades de Tauroni. De esta forma se conseguía ocultar que el amigo de Blasco era el verdadero beneficiario.

En otros contratos de menor cuantía, se optó por el procedimiento negociado sin publicidad, que permitía la invitación de tres empresas. Era Tauroni el que directamente o a través de comerciales contactaba con estas mercantiles para «convenir» la subcontratación de los servicios adjudicados, según el ministerio público.