Los bomberos puentean a Bravo y trasladan su conflicto salarial a vicepresidencia

Los bomberos forestales que la Generalitat se subrogó hace ahora dos años a través de la empresa pública SGISE dependen competencialmente de la Conselleria de Justicia, donde está adscrita la mercantil, sin embargo, han comenzado a buscar soluciones a los problemas salariales que atraviesan desde el mismo momento de su incorporación a la Administración en otros departamentos. Ayer, sin ir más lejos, los principales sindicatos con representación en SGISE se reunieron con altos cargos de la vicepresidencia para trasladar la delicada situación que atraviesan los casi mil empleados de esta empresa pública, según la agenda de altos cargos de GVA Oberta.

En concreto, aseguran en una carta, que el servicio de bomberos forestales, tras haber atravesado un proceso de subrogación en el que se alcanzaron "diferentes compromisos por parte del Gobierno valenciano para dar una estabilidad y dignificación" a la profesión y a sus trabajadores. En concreto, hablan de que después de centenares de sentencias firmes que continúan dando la razón a los trabajadores, continúan sin segunda actividad, sin equiparación salarial y sin dar una solución global a los contratos "fraudulentos". Ante tal situación, han decidido puentear al equipo de la consellera de Justicia, Gabriela Bravo, y acudir al departamento que dirige la vicepresidenta Mónica Oltra, para tratar de solucionar sus problemas. De hecho, no es el primer colectivo que salta a las consellerias del ramo para acudir a vicepresidencia. Ya lo hicieron los MIR y ahora los bomberos forestales.

La situación que denuncian se remonta a 2018, cuando la Generalitat decidió poner fin a la encomienda de gestión a Tragsa para este fin y creó una empresa pública destinada a acoger al millar de bomberos forestales a los que la normativa del Gobierno central impedía aplicar una subida salarial pactada. Así que el Consell creó una mercantil con la que se subrogó a la plantilla y con la que iba a subir el sueldo a los brigadistas y personal de las brigadas de helitransportadas un 30%. El acuerdo se llegó a firmar, pero según denuncian los sindicatos CGT, CCOO y SPPLB (aunque ayer comisiones se ausentó de la reunión), no se ha cumplido. En concreto, desde los sindicatos aseguran sentirse "engañados" por la empresa y alertan de que se pueden estar cometiendo incluso "fraudes de ley en la contratación", ya que la mercantil sigue acudiendo a la bolsa de empleo de Tragsa. Además, casi dos años después siguen sin convenio laboral, lo que ha provocado distintas condiciones entre los distintos perfiles de trabajadores y trabajadoras en la empresa pública. De hecho, los de la brigada helitransportada aún no han consolidado la subida salarial comprometida.