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Rosa Pérez Garijo, consellera de Transparencia, a la izquierda, acompañada del vicepresidente Dalmau.
El Botánico aumenta la opacidad en la difusión de las ayudas públicas que se otorgan a las entidades

El Botánico aumenta la opacidad en la difusión de las ayudas públicas que se otorgan a las entidades

El tripartito registra una nueva ley donde la obligación de publicitar las subvenciones por parte de sus beneficiarios será a partir de 60.000 euros y no de 10.000 como hasta ahora

burguera

Martes, 29 de septiembre 2020, 00:10

La consellera de Transparencia, Rosa Pérez Garijo, anunció ayer junto a diputados del Botánico el registro en Les Corts de la nueva Ley de Transparencia, con la que pretenden avanzar en los datos abiertos que se ofrecen a la ciudadanía, en la rendición de cuentas y evaluación de las políticas públicas, así como en la profesionalización del Consell de Transparencia, cuyos tres miembros tendrán dedicación exclusiva según el texto que deberá someterse ahora a la correspondiente tramitación parlamentaria. La ley también recoge un cambio sustancial en su articulado. Por un lado, rebaja de 100.000 a 60.000 euros el listón por el que se obliga a las entidades a someterse a la ley. Sin embargo, también sitúa en esos 60.000 euros el imperativo de difundir la recepción de ayudas, cuando hasta ahora, en la ley vigente, la cantidad que implicaba la necesidad de ejercer una publicidad activa de la recepción de subvenciones era de 10.000 euros. De este modo, si una entidad, empresa o persona es beneficiaria de una ayuda de 55.000 euros no tendrá la misma obligación de difundir ese dato en sus propios portales, o de hacerlo la propia Generalitat.

La opacidad respecto a dónde va el dinero público (si es inferior a 60.000 euros) es mayor, ya que hace falta recibir más dinero para atender a la obligación de "dar la adecuada publicidad a la misma, indicando al menos la entidad pública concedente, el importe recibido y el programa, actividad, inversión o actuación subvencionado. La difusión de esta información se realizará preferentemente a través de las correspondientes páginas web. En caso de que no dispongan de página web donde realizar dicha publicidad, podrán cumplir con dicha obligación a través del portal que ponga a su disposición la Generalitat", tal y como recoge la ley vigente en su artículo 3.2. Este mandato ya no lo recoge la nueva ley.

Desde el tripartito se incide en que "ha pasado de 100.000 a 60.000 euros la obligación de cumplimiento (de la ley). Por lo que se incrementa la fiscalización de las ayudas y subvenciones que se dan a las entidades".

"Se ha bajado y adaptado el listón para las entidades obligadas a publicar su información organizativa y presupuestaria, porque esa ya es información que debe dar la entidad", subrayan desde el Botánico, en referencia a que la anterior ley señalaba que ese tipo de datos estaban obligados a darse sólo cuando se recibían 100.000 euros en subvenciones o las ayudas suponían un peso muy importante en los ingresos de los beneficiarios. Ahora se rebaja a 60.000 euros esa obligación. Igualmente, se recuerda que existe un buscador de subvenciones de la Generalitat así como la Base de Datos Nacional de Subvenciones (BNDS). En este sentido, según el tripartito, se entiende que esa presencia en la propia BNDS es el modo de publicitar las ayudas recibidas. En cualquier caso, si la anterior ley impelía al receptor de una ayuda de, por ejemplo, 40.000 euros a que quedase reflejada en su propio portal de transparencia, si es que lo tenía, con la nueva ley eso no se contempla.

Consell de Transparencia con sueldos de altos cargos

El Consell de Transparencia también se ve afectado por los cambios de la normativa. La ley la hizo el PP, una de las últimas que aprobó, en 2015, y muchas premisas en ese momento inexistente, ahora sí están vigentes, como la BNDS. En el caso del consejo, dependiente de la Conselleria de Transparencia que dirige Rosa Pérez Garijo desde 2019, su puesta en marcha se produjo entre la total indiferencia del propio Gobierno valenciano. Ahora se quiere profesionalizar. Este organismo ha sufrido todo tipo de sacudidas. Si en los presupuestos de 2019 contaba con 420.000 euros, para este año estaba previsto que recibiera 100.000. Con el cambio incorporado en la nueva ley, los actuales cinco consejeros, juristas independientes que son compensados a través de dietas por su actividad, pasarán a ser tres. Sin embargo, la terna de miembros recibirá el sueldo equivalente a un director general, en torno a los 60.000 euros cada uno, con dedicación exclusiva. Sólo en salarios por los salarios de esos tres, la partida se disparará.

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