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Ximo Puig | El Botánico cierra filas en torno a Puig, que esquiva las preguntas sobre sus intereses en medios de comunicación

El Botánico protege a Puig de la polémica por sus vínculos mediáticos

La oposición acosa al jefe del Consell en la primera sesión de control en Les Corts tras siete meses, mientras el Botánico cierra filas con el 10-N en el horizonte

Burguera .

Valencia

Jueves, 26 de septiembre 2019

Siete meses pueden dar para mucho. Al socialista Ximo Puig le han dado para adelantar elecciones, ganarlas, alegrarse por imaginar a Pedro Sánchez al frente del Gobierno central, preocuparse al ver que la Moncloa no tiene dueño y las generales se repiten, desesperarse porque la falta de cobertura financiera del Ministerio de Hacienda asfixia las cuentas autonómicas y, además, contrariarse al comprobar como los asuntos personales le persiguen. Los vínculos mediáticos de Puig (por tener acciones de un periódico afectado por una operación de compraventa, por ser hermano del responsable de un conglomerado de televisiones locales investigadas y por el pago de una campaña publicitaria que incluyó una entrevista personal), sonaron, resonaron y repicaron en la primera sesión de control al presidente en Les Corts desde febrero. Siete meses. El jefe del Consell recibió el respaldo del resto del tripartito, que no ahondó en las heridas en las que sí hurgó PP, Ciudadanos y Vox. Sin mucho éxito. Puig olímpicamente las preguntas espinosas.

El líder socialista demostró sentirse un punto acosado al emplear los recursos que otros presidentes de la Generalitat usaron antes en situaciones comprometidas: esquivó preguntas directas, se refugió en el Reglamento para eludir cuestiones imprevistas, respondió de forma breve y ambigua, reclamó respeto a la figura presidencial y desmintió cifras precisas sin aportar datos alternativos.

El presidente, accionista de 'Mediterráneo' (periódico adquirido por Editorial Prensa Ibérica, EPI, a quien pertenecen también 'Levante' en Valencia e 'Información' en Alicante), sigue sin contestar en sede parlamentaria (ayer le encargó replicar al conseller Vicent Soler) su participación en una quita al Grupo Zeta, una operación de deuda por parte del IVF a la que la Generalitat dio el visto bueno antes de la venta del diario de Castellón a EPI. Le interrogó y mucho el PP. Y Ciudadanos, que se centró tanto en el tema que no formuló la pregunta que inicialmente registró, lo que Puig afeó a Cs para, a continuación, hablar sólo del tema inicialmente previsto, los recortes en el presupuesto (negó que vayan a producirse, algo que se reiteró a pesar de que se le volvió a preguntar por sus vinculaciones mediáticas). No merecieron tampoco respuestas las críticas a la actividad de su hermano Francis Puig al frente de Comunicació del Ports (empresa que controla varias televisiones locales en Castellón y Aragón, y que recibe subvenciones de hasta tres autonomías distintas) y de las empresas vinculadas a su familia, que entre unas y otras controlan buena parte del mercado de televisiones locales en Castellón. Vox fue el más insistente, pero no el único (también lo hicieron populares y Ciudadanos), al pedir explicaciones por el modo en que el Consell gestionó una entrevista en 'The Guardian' en el conjunto de una campaña publicitaria por la que la Generalitat abonó 43.000 euros. Puig rechazó haber pagado por ser entrevistado, aunque el reproche se dirige al conjunto de la operación de promoción.

A pesar de acercarse fechas electorales y de que el tripartito se va a presentar al 10-N enfrentado, desde Compromís y Podemos arriaron ayer la bandera de la paz. La vicepresidenta Oltra dio la cara por Puig, Compromís utilizó su turno para avalar la gestión del Consell y Podemos (con su vicepresidente segundo, Rubén Martínez Dalmau, presente y silente toda la sesión), dirigió sus críticas al adelanto electoral a los socialistas en Madrid. Si alguien no había percibido la cordialidad tripartita, una Proposición No de Ley (PNL) exigiendo al Estado mejorar la financiación, PNL que el síndic de Compromís había reconocido que quizá molestaría al PSPV (en la Diputación de Alicante, los socialistas se quedaron solos votando contra ella) fue edulcorada por una autoenmienda del Botánico de tal modo que fuese de fácil digestión para el Consell. El tripartito se blindó frente a la tormenta externa (las elecciones) y la interna, la que afecta al propio Puig.

El PP pregunta por facturas de la firma del hermano del presidente

La portavoz adjunta del PP, Eva Ortiz, empleó una de las repreguntas al presidente de la Generalitat, Ximo Puig, para recordarle que «ya vamos por casi medio millón de euros concedidos a sus hermanos», en relación a las ayudas públicas adjudicadas a las empresas vinculadas a Francis Puig y a la familia Adell Bover, que controla otras productoras que trabajan con las del hermano del presidente en la provincia de Castellón. «Las investiga Antifraude, la Comisión de Competencia y también dos juzgados de instrucción», señaló Ortiz, a quien le exigió si «puede decir que sus hermanos no han presentado facturas falsas, duplicadas, y nóminas en dos administraciones diferentes para cobrar subvenciones». Las empresas del hermano de Puig han recibido ayudas públicas de tres gobiernos autonómicos distintos, los de la Comunitat, Aragón y Cataluña, administraciones a las que también se presentan las firmas de los Adell Bover, tanto para optar a subvenciones como a licencias de actividad.

La síndica del PP, Isabel Bonig, al referirse a una entrevista del periódico inglés 'The Guardian' en 2016, relacionó esa publicación con una campaña publicitaria y con «el medio millón en subvenciones a las empresas de su hermano o el cobro de intereses del IVF», así como su «interés directo en estas empresas para su mayor gloria y para machacar a la oposición», refiriéndose al periódico Mediterráneo, en el que Puig es accionista. El síndic de Cs, Toni Cantó, tildó a Puig de «comisionista» (por los dividendos que recibe de esas acciones) y le reprochó tanto su «capacidad de influencia en el cuarto poder» por sus acciones en Pecsa (editora de 'Mediterráneo' de Castellón, de la que el Grupo Zeta tenía la mayoría de participaciones y que vendió a Prensa Ibérica tras una quita de deuda aprobada por el IVF), como su «sobresueldo de más de 500 euros al mes». «Los valencianos no merecen a un presidente que está empezando a comportarse como el Berlusconi de Morella», remachó Cantó.

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