El Botánico dispara el coste del sector público un 82% respecto a la era Fabra

En siete años, se han eliminado unas, o están en proceso de extinción (fundaciones como el Instituto Portuario, la de Les Arts, La Llum de les Imatges o Jaume II El Just) para dar cabida a otras (agencias como la de Innovación, Cambio Climático, Antifraude, Protección del Territorio, Emergencias...).

Todo eso, al margen de aquellas entidades surgidas supuestamente por iniciativas privadas y que son entes jurídicos privados y desgajados del entramado público pero que cuentan con el Consell como principal activo financiero, tal es el caso de fundaciones como ELLIS o, desde este año Valgrai (Valencian Graduate School and Research Network of Artificial Intelligence), aparte de las de grandes multinacionales con las que el Consell colabora generosamente en sus fundaciones en la Comunitat. En cualquier caso, en lo que se refiere al Sector Público Instrumental (SPI), en la actualidad el Consell asegura que hay 57 entidades presupuestadas para el presente año con un total de 3.714,66 millones de euros, según fuentes de la Conselleria de Hacienda.

En 2015, último año durante el que Alberto Fabra (PP) ocupó la presidencia de la Generalitat, ese entramado generaba un coste presupuestario de 2.038 millones. Es decir, que el conglomerado se ha incrementado notablemente. Las cuentas de la Generalitat destinan para el presente ejercicio casi 1.700 millones más que en el último año del PP al frente del Ejecutivo valenciano.

El ritmo en el que se ha incrementado el gasto es incluso mayor que el modo en que ha crecido el propio presupuesto de la Generalitat.

El Botánico dispondrá este año, según sus propias cuentas, de 27.967 millones de euros para poner en práctica sus políticas en la Generalitat. Los populares, en su año final de legislatura (gracias, además, a las aportaciones de última hora que llegaron de la mano de Montoro y su Ministerio de Hacienda, criticadas entonces por la izquierda tildándolas de electoralistas) dispusieron de un presupuesto de 17.191 millones, es decir, 10.776 millones menos que en la actualidad. El volumen de gasto público de la Generalitat se ha incrementado, por tanto, un 62%.

¿Mucho? Menos de lo que ha aumentado en el SPI. Empresas, organismos, entidades, fundaciones y consorcios dispusieron en aquel 2015 de 2.038 millones, mientras que para este año manejarán conjuntamente un total de 3.714 milllones; o sea, un 82% más. Como si, en siete años, hubiera brotado una arquitectura pública paralela a la administración pública autonómica equivalente a un nuevo sector público en la Generalitat.

«Es una situación insostenible, el sector público está empleando recursos públicos necesarios para política social, educación o sanidad. Hay entidades cuya única función presupuestaria es pagar nóminas, lo que indica que hay una vía de enchufismo importante. El Consell prometió una reestructuración que no llega», advierte el diputado del PP, Rubén Ibáñez.

El gasto en personal vinculado a las empresas y entidades vinculadas a la Generalitat ya se había disparado hace dos años, antes de la pandemia. Aumentó un 48% respecto a los tiempos de Fabra cuando habían pasado cinco años desde que el PP gobernaba la Generalitat. Ese ritmo no se ha mitigado; al contrario. Para el presente ejercicio, el SPI ha computado en su capítulo primero un total de 790 millones de euros, 327 millones más (un 70%) que en 2015. Y además, sin poner orden ni concierto en esas contrataciones, tal y como se ha reflejado en la última reunión de la Comisión de Diálogo Social del Sector Público Instrumental, donde quedó patente un descontrol que ha forzado implementar un nuevo acuerdo para intentar coordinar unos criterios de contratación. Será el sexto acuerdo firmado en menos de cinco años entre los sindicatos y el Gobierno valenciano. Cada conselleria pone en marcha sus propios entes y gestiona los recursos humanos sin encomendarse ni a dios ni al diablo. Se van mezclando funcionarios, con interinos eternos y personal eventual recién llegado. A lo que surja. Y lo que va surgiendo es un aparato que cada vez gana mayor peso en relación al presupuesto global de la Generalitat. Si en 2015, el coste del SPI representaba el 11,9% del global de las cuentas públicas autonómicas, este año supone el 13,3%.

La Agencia Tributaria valenciana, que en 2015 era un embrión, hoy dispone de un presupuesto de 54 millones de eruos. Lo mismo ocurre con la Agencia Valenciana de la Innovación, aparecida en 2017 y que dispone de 56 millones. El año pasado, el Consell rescató el Instituto Valenciano de Estadística, que cuenta con tres millones de euros, y hace cinco años brotó una agencia, la de Seguridad y Emergencias, cuyo presupuesto anual para el presente ejercicio supera el centenar de millones de euros. Lo que era el Servef, que actualmente se denomina Labora, disponía en 2015 de 258 millones y actualmente está por encima de los 500. El IVAJ casi ha triplicado su coste, de 11 millones hace siete años a los 30,5 para el presente ejercicio.