El Botánico consolida a Antifraude y le permite retener lo que no gastó en 2021

De este modo, la agencia ha ganado la capacidad de decidir sobre qué hará con lo que no se gastó durante el anterior ejercicio. El cambio respecto a su situación es sustancial porque, si bien oficialmente no hay diferencias en el estatus de la agencia, 'de facto' sí que se eleva el rango de la oficina de Llinares, que hasta ahora se veía sometida al requerimiento de sus remanentes. Otra cosa es que los devolviera. De hecho, no lo hacía.

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Antifraude ha mantenido un pulso económico con el Consell y Les Corts a cuenta de los remanentes. Desde 2018, el organismo acumula ya más de 3,7 millones de euros en partidas que no ha ejecutado y que retiene en sus arcas. El parlamento valenciano, del que depende Antifraude, le instaba a devolver esas cantidades en un informe de control financiero elaborado el pasado verano. El documento rememoraba el tiempo que la Cámara llevaba recordando a Llinares la necesidad de retornar lo que no se gasta. Frente al informe provisional, la oficina de Llinares alegó a través de dos documentos que los remanentes no debía devolverlos hasta que el Consell no liquidase sus balances con la entidad. Mientras, Antifraude iba haciendo caja.

En 2018, según los datos con los que cuenta el parlamento valenciano, la agencia contó con una partida presupuestaria de 2,7 millones de euros. En el ejercicio siguiente se incrementó hasta los 3,3 millones, mientras que para 2020, Llinares y su equipo manejaron 4,7 millones de euros. Los remanentes en 2018 superaron los 1,2 millones de euros, mientras que en 2019 se situaron en 834.000 y en 2020, los 1,7 millones. El margen de ahorro oscila entre el 25% y el 45% del presupuesto.

El director de la Oficina remitió una carta el pasado 3 de enero a la Mesa de Les Corts para que le dé traslado a la Intervención General de la Generalitat y a la Dirección General de Presupuestos para recordarles las cantidades que el Consell no le transfirió a pesar de estar incorporadas a los presupuestos. Llinares subrayó en su escrito que la Agencia requiere de habilitación legal que las leyes de presupuestos sí prevén para los órganos estatutarios como las propias Corts, la Sindicatura de Comptes o el Consell Jurídic Consultiu. El organismo, por tampoco formar parte del sector público empresarial de la Generalitat, se consideraba en una especie de limbo legal. En cualquier caso, Antifraude rebajaba a 871.019 euros lo que tenía pendiente de devolver de lo ahorrado en años anteriores. Sin embargo, esta historia tiene final feliz para la Agencia, que por fin ha abandonado el limbo legal y se ha instalado en el cielo institucional, junto al resto de entes estatutarios a los que tanto añora emular.