![El Botánico pagó 11 millones a una empresa durmiente para comprar mascarillas](https://s2.ppllstatics.com/lasprovincias/www/multimedia/2024/03/10/cartela-kOAH-RRiWE1tI7CYm7tbkOd7RlIK-1200x840@Las%20Provincias.jpg)
![El Botánico pagó 11 millones a una empresa durmiente para comprar mascarillas](https://s2.ppllstatics.com/lasprovincias/www/multimedia/2024/03/10/cartela-kOAH-RRiWE1tI7CYm7tbkOd7RlIK-1200x840@Las%20Provincias.jpg)
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Hace cuatro años, tal día como hoy, el presidente de la Generalitat, Ximo Puig, anunció el aplazamiento de las Fallas. Lo que parecía una cuestión de semanas o meses se alargó hasta septiembre de 2021. El coronavirus desmontó cualquier tipo de previsión a largo ... plazo. Una vez los contagios se multiplicaron, las administraciones se centraron en conseguir material sanitario al precio que fuera. A los españoles les dio por comprar papel higiénico, hubo farmacias que vendieron una mascarilla quirúrgica –las azules– a cinco euros y el tiempo ha demostrado que alguno, como se puede leer en el sumario del caso Koldo, se benefició de la desgracia ajena en el enésimo caso de corrupción.
Durante esa época, las administraciones contrataron por vía directa sin concurso la compra de material sanitario y no se escatimó a la hora de pagar con dinero público. Había que traer mascarillas, geles y batas al precio que fuera para nutrir a un sistema desbordado por un virus nunca visto.
Uno de los grandes contratos del Consell del Botánico para conseguir material sanitario se cerró con la mercantil Luxury Goods Delivery, que recibió más de 10,8 millones de euros por dos pedidos de material sanitario, especialmente mascarillas. El Ayuntamiento de Oliva y la Corporación Valenciana de Medios de Comunicación también contrataron a esta mercantil, aunque con cantidades muy menores –7.851 y 5.568 euros, respectivamente–.
La firma Luxury Goods Delivery responde al perfil de empresa durmiente, que son aquellas sociedades que se constituyen de manera legal pero que durante mucho tiempo carecen de actividad. Empresas que existen pero que no operan, latentes hasta que alguien las activa. Esta firma fue constituida el 7 de febrero de 2019 por Vanessa Durán Mesas para el comercio al por menor de muebles, aparatos de iluminación y otros elementos domésticos. La firma, como actividad secundaria, también registró operaciones de droguería, perfumería y farmacia. La sociedad, un mes después –el 13 de marzo de 2019–, pasó a manos de Xavier Antoni Tormos Beltrán y el domicilio social cambió de la calle Vinaròs de Valencia a un piso de la calle Moran Roda de Gandia.
Esta empresa recibió algunos de los contratos más importantes del Botánico para la compra de mascarillas y otros productos. El primero se adjudicó el 8 de mayo de 2020 por 5.586.000 euros –el encargo verbal se produjo el 30 de marzo–. El contrato incluía la compra de 10.000 mascarillas FFP2 a un precio de 1,95 euros la unidad; 90.000 cubrebocas NP95 a 1,95,;tres millones de mascarillas quirúrgicas a 0,53 euros cada una, seis millones de guantes de látex a 0,27 euros la unidad y 100.000 gafas de protección ocular a 1,99 euros la pieza. La orden fue firmada por la que fuera comisionada de Presidencia de la Generalitat para la adquisición de material durante la pandemia, María José Mira Veintimilla, la persona que escogió el entonces presidente de la Generalitat, Ximo Puig, para gestionar la situación extraordinaria que se vivía durante aquellos días.
Este no fue el único gran contrato para la firma. Luxury Goods Delivery recibió un segundo encargo por un valor total de 5.239.000 euros que se formalizó el 19 de junio de 2020. La petición la realizó también unos días antes María José Mira. El envió consistió en 3,8 millones de mascarillas desechables de tres capas con cinta blanca a 0,39 euros la unidad; dos millones de cubrebocas FFP2 con filtración 92% transpirable a 1,79 euros por pieza y 4.800 batas con refuerzo resistente a fluidos por 3,5 euros cada una.
Hoy, cuatro años después, la empresa carece de actividad, sus últimas cuentas datan de 2020 y se sospecha sobre un posible cierre de hoja registral debido al incumplimiento de la obligación de presentar sus cuentas. Luxury Goods Delivery volvió a dormir una vez recibió los dos contratos por valor de 11 millones de euros para suministrar material sanitario. Luxury no fue la única empresa dormida comprada a Vanessa Mesas, ya que Xavier Tormos también se hizo con Around The Best Ones SL, que no tiene indicios de actividad desde su constitución.
Las empresas pantalla
Vanessa Durán Mesas, la creadora de estas dos sociedades, ha ostentado más de 3.300 cargos en otras tantas firmas. La función de esta empresaria es vender sociedades preconstituidas, un actividad que es legal, en operaciones que se pueden dar en tan sólo 24 horas y que permite ahorrarse toda la tramitación a aquellos que la compran y se convierten en los nuevos administradores. En ocasiones, la compra de este tipo de sociedades sirve para bordear la ley y la normativa vigente.
Víctor De Aldama, uno de los hombres clave en el caso Koldo por su papel de conseguidor, también acudió al catálogo de empresas de Vanessa Durán Mesas y se hizo con dos sociedades: Deluxe Fortune y Future Factory. La primera de las firmas fue creada por Vanessa Durán el 1 de agosto de 2012 y fue adquirida por Patricia Ramos, esposa de Víctor De Aldama, el 4 de septiembre del mismo año.
Future Factory fue creada por Vanessa Durán el julio de 2014 y dos meses después la sociedad pasó a manos de Businnesscity como administrador único y Víctor De Aldama como representante. El comisionista de la trama Koldo se hizo finalmente con esta empresa en junio de 2021.
La sociedad Businnesscity SL, de la que es administrador único Víctor De Aldama, fue registrada en noviembre de 2010 por Ramón Cerdá, otro de los famosos creadores de sociedades dormidas y que ha estado vinculado a varios casos de corrupción.
Cerdá, nacido en Ontinyent, llegó a tener más de 9.000 cargos en empresas y vendía sociedades durmientes que después sirvieron de herramienta en casos de corrupción como Noos, Grupo Marsans, Nueva Rumasa, Gürtel y Gowex. El empresario valenciano fue condenado a 13 años de prisión por fraude fiscal y falsedad documental. A Vanessa Durán, la creadora de dos empresas adjudicatarias del Consell del Botánico para la compra de mascarillas, se le ha vinculado con algunas de las operaciones realizadas por Ramón Cerdá.
Cuatro años después de la pandemia, nada más se ha sabido de Luxury Goods. Su administrador es ahora apoderado de otras empresas que no tienen que ver con los productos sanitarios.
Investigación de Antifraude
La Agencia Valenciana Antifraude publicó un informe en 2022 en el que aportó sus conclusiones sobre la fiscalización realizada a los contratos cerrados por el Consell de Ximo Puig durante la pandemia de coronavirus. Muchas empresas, con una trayectoria amplia a sus espaldas y un gran abanico de contactos, vieron una oportunidad para hacer un negocio importante y obtener beneficios.
Este fue el caso de la mercantil de detergentes Sosmi, con el domicilio en Náquera, y que obtuvo unos ingresos de 1,6 millones de euros tras revender el material sanitario que compraba a otros proveedores de la Comunitat.
Entre marzo y agosto de 2020, este empresa recibió varios encargos de la Generalitat, algunos de los cuales se sirvieron con retraso. La empresa no fabricaba parte del material, por lo que Sosmi se dedicó a adquirirlo y después incrementaba su precio una media del 22%, lo que le permitió obtener importantes beneficios en la operación. La mercantil aportó toda la documentación a Antifraude y el sobrecoste estimado fue de 1,6 millones. La Generalitat pagó 7,2 millones por un material que podría haber comprado por 5,6. Algunos de los pedidos fueron anulados posteriormente. La Generalitat aseguró que fue por su alto precio aunque Antifraude certificó que fue realmente por el retraso en las entregas.
Otro de los contratos que investigó la agencia que dirige Joan Llinares muestra que se pagaron a una empresa dedicada al mundo del bebé 2,89 euros por cada una de las 850.000 mascarillas FFP2 que se compraron, cuando la horquilla era entre 1,60 y 1,80 en el resto de las compras. El coste real era de 2,30 euros, por lo que a la Generalitat se repercutieron 500.000 euros extra.
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