Bravo, firme con el requisito: «No se puede exigir más de lo que ofrece Educación»

La polémica por los planes del Consell sobre el requisito lingüístico se mantiene. Justicia insiste en responsabilizar a la Conselleria de Educación de no poder reclamar el C1 a los funcionarios de la Generalitat. «No se pueden exigir niveles superiores de conocimientos que los que el sistema educativo garantiza para toda la ciudadanía», ha defendido la consellera Gabriela Bravo tras una reunión con los sindicatos. De nuevo, el 'problema' en el tejado de Vicent Marzà.

La dirigente cercana al PSPV, en realidad, está poniendo en valor el modelo gallego de Feijóo que una vez terminada la enseñanza ya concede el mismo nivel que más tarde se exigirá en la administración en caso de concurrir a una proceso de oferta pública de empleo.

Esta misma idea la ha trasladado a representantes de los sindicatos UGT-PV, CCOO PV, CSI·F e Intersindical, en el citado encuentro con los sindicatos para detallarles el contenido del informe que servirá para la elaboración del reglamento de capacitación lingüística que regulará el nivel de conocimientos de valenciano necesarios para el acceso a la función pública, según informa la Generalitat.

Bravo ha señalado que es necesario que el sistema educativo, al igual que en otras comunidades autónomas con lengua propia, garantice suficientes conocimientos del valenciano para certificar el nivel necesario en cada puesto de trabajo «sin necesidad de realizar otro examen».

En concreto, la propuesta de la comisión de competencia lingüística fija la exigencia del certificado A2 para la agrupación profesional funcionarial, del B1 para el subgrupo C2 y del B2 para el grupo B y el subgrupo C1. Respecto a la exigencia para los grupos A1 y A2, traslada dos alternativas que la consellera anunció la semana pasada que se estudiarán para elaborar el decreto: B2 o C1.

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSI·F), por su parte, ha mostrado su disconformidad con la «imposición» del requisito lingüístico y ha pedido una moratoria en su aplicación para que no afecte a los actuales procesos de estabilización de plantillas. Se trata de la organización mayoritaria en la función pública valenciana, el sindicato ha defendido que el nivel de valenciano sea considerado un mérito y no un «motivo de exclusión».

La Inspección General de Servicios (IGS) analizó recientemente el proceso de reconocimiento del nivel de valenciano en los alumnos que finalizan la ESO, el Bachillerato y la Formación Profesional en la Comunitat. Y en ese informe, los asuntos internos de la Generalitat evidencian el descontrol existente a la hora de certificar el nivel de valenciano en la Conselleria de Educación, lo que impide aumentar el nivel exigido.

El requisito lingüístico ha traído la última desavenencia en el seno del Consell. El PSPV apuesta por una exigencia más blanda, el B2, mientras sus socios de Compromís defienden la necesidad de implantar el C1, lo que obligaría a los aspirantes a sacarse el título con esa capacitación especial. Esto complicaría el acceso por parte de personal de fuera de la Comunitat al no tener un contacto directo con el idioma.

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