La Conselleria de Justicia, dirigida por Gabriela Bravo, ha tomado ya cartas en el asunto para tratar de aclarar por qué la menor, supuesta víctima de abusos por parte de un monitor del centro en el que estaba interna, permaneció el jueves esposada antes de declarar en el juicio. El extraño incidente, que motivó incluso las disculpas por parte de la presidenta del tribunal, no encuentra precedentes. La adolescente, de 17 años en la actualidad, estaba custodiada por agentes de la Policía Autonómica antes de entrar en la sala. Fuentes de la Conselleria anunciaron ayer que Bravo ha pedido un informe al comisario de la Unidad Adscrita para que expliqué por qué se adoptó esa medida de seguridad con una joven en esas circunstancias. Ese dosier, con las supuestas explicaciones, será trasladado a la Dirección General de la Policía. Desde el departamento de Justicia aclararon que la Generalitat no tiene competencias efectivas sobre la Policía Autonómica más allá de destinar los efectivos a las competencias que tienen asignadas. Pero, insistieron, en que los protocolos de actuación y las órdenes dependen del Ministerio de Interior.
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La Audiencia también analiza ya el asunto. La presidenta del tribunal elaborará un informe para la máxima responsable de la Audiencia. Tras el estudio de lo ocurrido, el caso podría plantearse incluso en Sala de Gobierno.
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