Bravo se va a la universidad a fichar jóvenes funcionarios

Que la Generalitat necesita renovar a su personal público es un hecho que evidencian todos los informes que salen de la Conselleria de Justicia y Administración Pública, que vaticinan una gran jubilación en los próximos diez años. La consellera del ramo, Gabriela Bravo, ya ha marcado como prioridad para su departamento darle una vuelta de tuerca al proceso de oposiciones para rejuvenecer la función pública y cambiar el modo en que se realizan los exámenes, para restar peso a la parte memorística. Pero, para llegar a esas oposiciones hay primero que tener en cuenta que ser funcionario puede ser una salida laboral para los jóvenes que salen de la universidad. Para ello, Bravo se ha ido este miércoles a la Facultad de Derecho de la Universitat de Valencia para tratar de captar futuros opositores que se decidan a optar a una de las miles de plazas de empleado público que saldrán en los próximos años.

La consellera ha anunciado que el próximo mes de mayo se convocarán las primeras oposiciones para un cuerpo de la Generalitat que no tendrán fase de concurso para el 50% de las plazas ofertadas y ha animado a los estudiantes a «explorar las posibilidades de desarrollo profesional que la Generalitat puede ofrecer» a los jóvenes recién licenciados. Bravo ha revelado que el próximo mes de marzo se publicará la Oferta de Empleo Público (OPE) de 2022. En cumplimiento de lo que establece la nueva Ley de la Función Pública Valenciana, en esta OPE se convocarán, para el próximo mes de mayo, las primeras oposiciones para técnicos de Administración general, en las que un 50% de las plazas ofertadas serán libres, es decir, que no habrá fase de concurso con lo que la experiencia -los famosos puntos- no será tenida en cuenta para el acceso a la Función Pública. Un aliciente para que quienes no han pisado nunca un despacho de la Administración se animen a concursar.

La consellera ha explicado a los estudiantes que ya se está trabajando para implantar medidas para crear un acceso a la función pública más ágil y atractivo, de forma que se reduzcan los temarios y se supere el modelo de evaluación memorística mediante «un sistema similar al MIR de los médicos, como ya recomendó el informe de expertos. En este sentido, la responsable de Función Pública ha insistido en que el Consell del Botànic »no va a consentir que la situación económica sea un factor discriminatorio o desmotivador ante ese futuro incierto que representa la oposición«. Por ello, ha recordado al alumnado de la Facultad de Derecho que la Conselleria dispone del Programa 500, en el que ofercen ayudas de hasta 500 euros a jóvenes menores de 31 años que estén preparado oposiciones de la Generalitat para cuerpos que requieran formación universitaria. De trata de facilitar ese acceso a quienes no pueden destinar su tiempo a opositar por motivos económicos o no tienen recursos para destinarlos a un preparador, en caso de que lo necesiten.

La consellera ha recordado que alrededor de un tercio de la plantilla de la Generalitat se jubilará en los próximos años con lo que se va a producir un relevo generacional de las plantillas públicas «sin precedentes en un contexto de transformación digital acelerada». Por eso, para la consellera no sólo se necesita contar con un capital humano «joven, profesionalizado, competente e íntegro». «Es que precisamos jóvenes que incorporen su visión y su enfoque a la producción de valor público, que participen en la definición de las políticas públicas, en su aplicación efectiva y en su evaluación».

Pero, Bravo no sólo ha tratado de pescar jóvenes para la Administración general. La titular de Justicia, fiscal de profesión, ha tratado de convencer a los jóvenes licenciados en Derecho de que el acceso a la carrera judicial puede ser una buena opción, a pesar de las dificultades que entraña, tanto en complicación de la materia como en tiempo de estudio necesario. Para ello, la consellera ha anunciado también que se está diseñando un programa de becas para apoyar a los aspirantes a juez, fiscal, al cuerpo de Abogados del Estado y al Cuerpo Superior de Letrados de la Administración de Justicia. «Si entre vosotros hay quien está considerando preparar las pruebas de acceso a la Generalitat o a un cuerpo de la Administración de Justicia, debe saber que nosotros le ayudaremos a sufragar los gastos vinculados a ello, pues reconocemos su esfuerzo y queremos que su situación socioeconómica no sea un impedimento para cumplir este objetivo», ha detallado la consellera.

Estas ayudas se concederán a licenciados y licenciadas en Derecho con buen expediente académico que acrediten que están preparándose para las pruebas de acceso a estos cuerpos en un centro especializado o mediante un preparador individual. Bravo ha detallado que la primera convocatoria de este programa de ayudas se llevará a cabo a finales del próximo mes de mayo o principios de junio, en cuanto se elabore el decreto que regulará la concesión de estas subvenciones. Para su primera edición, la dotación prevista es de medio millón de euros, lo que permitirá otorgar un centenar de becas de 500 euros al mes.

Des de CSIF lamentan la falta de negociación con los sindicatos, en su calidad de representantes del colectivo de empleados públicos, respecto a los anuncios sobre los cambios en las oposiciones realizados por la consellera. Además, le recuerda la importancia y la inminencia de afrontar los planes de estabilidad, ya que a escasos meses de que concluya el plazo para finalizarlos, Conselleria todavía no ha aclarado cómo piensa llevar a cabo un proceso que resulta fundamental ante la precariedad que sufre gran parte de la plantilla y que ha de aplicar por imperativo legal.

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