Bronca en el pleno de la Diputación: «Queremos acabar con la etapa del 'mil, dos mil, tres mil... dos millons de peles'»

La bronca en la sesión plenaria ha llevado incluso a que uno de los diputados del equipo de Gobierno, Carlos Fernández Bielsa, haya tomado la palabra en nombre del grupo socialista y haya aprovechado su intervención para recordar que lo que el actual equipo de gobierno pretende con esta decisión es pasar página de la etapa del «mil, dos mil, tres mil... dos millons de peles». La referencia obvia a la grabación atribuida a algunos de los exresponsables de la empresa durante la presidencia de Alfonso Rus, y que se investiga en el caso Imelsa.

Bielsa, vicesecretario de relaciones institucionales del PSPV, ha cuestionado la intención de los grupos de la oposición de «embarrar» el debate de un dictamen que cuenta con el apoyo del secretario y del interventor de la corporación. Un documento que da luz verde a un proceso de disolución en el que el dirigente socialista ha dicho que no hay prisa. Sí ha recordado que Divalterra es heredera de Imelsa, ha remarcado que se ha dialogado con los sindicatos y que el gobierno provincial colabora con la justicia.

Desde Compromís, el portavoz Xavier Rius ha proclamado que este es un día «de gran alegría» por el acuerdo adoptado en la Diputación. Ha recordado también que cuando el equipo de gobierno llegó a la corporación en 2015 «la empresa se encontraba intervenida judicialmente» y ha señalado que el cierre ordenado de la empresa ya se anunció en 2018 y que desde entonces se han elaborado diversos informes para decidir cuál era la mejor forma de llevar a cabo ese proceso que permite, además, dignificar la labor de sus trabajadores.

La oposición, en cambio, ha rechazado en bloque el dictamen. El portavoz popular Vicent Mompó ha hablado de «falta de motivación manifiesta» para el cierre de la empresa, ha considerado que las razones son sólo políticas y ha advertido que «no se puede cerrar una empresa que está bajo investigación judicial (ha hecho mención a las investigación en Antifraude, a la abierta por fiscalía sobre la elección del jefe de personal y a la reciente detención del jefe del área jurídica en el marco del caso Azud)». «Puede parecer que se pretende obstaculizar las investigaciones judiciales», ha dicho. Además, ha recordado que el presidente del consejo de la empresa, Rammiro Riverea, aseguró en marzo que la marcha de la empresa era excelente, no tenía déficit, y prestaba de forma adecuada sus servicios.

Desde Cs, Rocío Gil ha reclamado que no se realizara el debate al considerar que el informe sel secretario sobre el dictamen no estaba en la carpeta de asuntos suministrada a los diputados cuando se convocó la sesión. Tras la respuesta negativa del secretario, que ha atribuido esa situación a un «despiste» y a «problemas de la electrónica», Gil ha anunciado que presentará un recurso para anular el acuerdo, ha cuestionado las prisas por aprobar el cierre y ha subrayado que la Diputación no llevaba tres años trabajando en el cierre de la empresa, sino que este fue un anuncio que hizo el presidente de la corporación en una junta general de la empresa en la que ni siquiera se debatió.

Desde Vox, Joaquín Alés también ha considerado que hay demasiadas prisas y que el diputado Rivera había justificado el buen funcionamiento de la empresa, motivo por el que no se entiende su cierre.

Para cerrar el debate, el presidente de la Diputación Toni Gaspar ha afeado a Mompó que se hubiera referido a dos de los exgerentes de Divalterra, Víctor Sahuquillo y Agus Brines, y no en cambio «al más famoso», en alusión a Marcos Benavent, el yonki del dinero. «Algunos vienen a la política a utilizar a la fiscalía y a poner recursos -ha dicho en velada alusión a PP y Cs- porque no son capaces de aportar nada», ha dicho. Gaspar ha remarcado que en el proceso de cierre de Divalterra quiere ir «de la mano de los técnicos y de la ley».