Sin respaldo y con un turbio clima laboral

Inicialmente, Antifraude no contaba ni con un espacio físico propio. Estaba ubicada en un principio en la reducida sala que el tripartito, todavía al mando de Les Corts, cedió en junio al PP para que negociase con los grupos parlamentarios un pacto de Gobierno que finalmente cerró con Vox. Llinares acabó alquilando unas caras oficinas junto al parlamento valenciano, de quien depende y a quien rinde cuentas. En 2018 comenzó a pagar 10.000 euros mensuales por el palacete.

Los criterios de admisión (o de rechazo) de los casos a investigar por la Agencia han generado recelos según a quién afectaba. Todos los partidos, en función de qué institución gobernaba y era investigada, han manifestado sus reservas frente al peculiar estatus del organismo, a mitad de camino entre auditores administrativos y personal judicial. Pero ni una cosa ni la otra. «Es susceptible de mejorar. Veremos la manera en la que pueda mejorar, porque no ha dado las mejores muestras de transparencia ni de equilibrio en algunas ocasiones», advirtió en julio Carlos Mazón como nuevo presidente de la Generalitat.

El mandato de Llinares finaliza en 2024 y no es renovable. En relación a su sucesión también se manejan especulaciones, dada su confianza y colaboración con su número dos, la directora adjunta y de asuntos jurídicos de la Agencia, Teresa Clemente. El nivel de rotación de funcionarios en la Agencia llama la atención. Llinares, que cuando gerenció el MNAC (Museo Nacional d'Art de Catalunya) también vivió tensas relaciones con alguna funcionaria que acabó despedida de manera improcedente (algo prácticamente insólito en la Administración), ha justificado el trasiego de funcionarios en Antifraude por las altas exigencias que reclama la Agencia a su plantilla. Durante cinco años de actividad registra 33 bajas en un organismo que cuenta con 46 plazas. Equivale a dos tercios de los puestos.

El PP registró en la pasada legislatura un amplio catálogo de peticiones de documentación, entre las que se incluyó «todos y cada uno de los nombramientos por libre designación de personal». Más de la mitad de los fichajes son a dedo, en función de unos requisitos y procedimientos que han sido denunciados internamente. El clima laboral no es precisamente el ideal. Es indicativo de ese turbio ambiente que, a la hora de elaborar un Plan de Igualdad para una plantilla relativamente corta y nueva, surjan dos casos de presunto acoso sexual que además no se hayan aclarado porque las pesquisas realizadas no han logrado generar la suficiente confianza en las dos denunciantes anónimas como para que desvelen su identidad. Ese estudio relativo al plan incluía una encuesta donde se refleja la desconfianza de buena parte de las trabajadoras al modo en que Antifraude gestionaría los casos que, finalmente, se han producido. Paradójico es que la investigación fallida del acoso sexual haya derivado en un intento de castigar a unas supuestas filtradoras, sanción que el TSJ ha tumbado. Turbio y oscuro, casi negro.