La caída del independentismo abre la puerta a la agenda valenciana

El bloque nacionalista se deja alrededor de 15 escaños, una representación más que notable. La pérdida de fuerza en los nacionalistas multiplica las posibilidades de que se materialice parte de la agenda valenciana. El PP de Mazón y Vox, indudablemente, respiran más tranquilos tras la debacle del bloque anticonstitucionalista que se manifiesta de manera principal en el hundimiento de ERC. Un golpe terrible a la gestión del Govern y que cuestiona el modelo de confrontación con el Estado de las últimas legislaturas.

La principal ventaja para los valencianos se concentra en las mayores posibilidades -en este campo y tras el tiempo transcurrido no se puede hablar de certezas- de una reforma del sistema de financiación, un asunto capital para el futuro de la Comunitat.

El independentismo defiende una negociación bilateral con el Estado que el resto de CCAA rechazan, por lo que de obvio trato privilegiado tiene para esa región. Aragonés siempre ha sido muy claro en ese sentido. Pero ahora quizá su opinión deje de contar con idéntica fuerza.

Si el independentismo no logra gobernar, las posibilidades de que Cataluña regrese al Consejo de Política Fiscl y Financiera (CPFF) se amplían. Y con ello, las opciones de llegar a un acuerdo sobre el nuevo modelo, aunque en ningún caso cabe concluir que será fácil ni rápido. Pero es cierto que el planteamiento de un gobierno socialista sería un cambio de guion en el esquema general que hasta el momento se hacían el resto de líderes. Cataluña había propuesto un modelo similar al cupo del que disfruta el País Vasco, que les permitiría recaudar más porcentaje de impuestos y decidir en mayor medida sus inversiones.

¿Y la Comunitat quién prefiere que gane estos comicios? Un triunfo del independentismo -y no necesariamente abrumador- habría derivado en el impulso de un nuevo procés, la senda que en 2017 abrió la puerta al referéndum ilegal, a los incidentes que convirtieron las calles de Barcelona en un polvorín, y a una presión redoblada para provocar que las empresas que dejaron esa región -muchas de las cuáles decidieron instalar su sede en la Comunitat- regresen a Cataluña. Objetivamente, esa situación perjudicaría a la Comunitat que ha sabido venderse como un foco de estabilidad y refugio que siempre busca el capital ante las amenazas.

La pérdida de poder de los independentistas debería liberar a Sánchez de la necesidad de contentar todas las peticiones desde el Gobierno central. El PSOE ha tenido que condicionar su Ejecutivo a cesiones a Cataluña en detrimento del resto de autonomías. Por ejemplo, las competencias de Cercanías o la condonación de una parte de la deuda vinculada al FLA. Esto se pactó con los catalanes para conseguir la investidura/amnistía y aunque luego se hizo extensivo -lo de la deuda- quedó evidenciado el peso político de Cataluña frente al resto.

Las particularidades catalanas también han afectado directamente a la situación valenciana. El ministerio de Hacienda renunció a presentar unos Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2024 por la convocatoria electoral adelantada en Cataluña. Esto lastró las inversiones previstas en las tres provincias independientemente del grado de ejecución que terminen desarrollando. Los Gobiernos de Sánchez han elevado en sus presupuestos las inversiones en la Comunitat hasta cifras que superan el 9%, casi en los márgenes recogidos en el Estatuto de Autonomía. Pero la ejecución de esas inversiones se ha quedado a años luz de esos porcentajes.