El calendario de investidura relega las reivindicaciones valencianas en Madrid

La falta de un interlocutor en Madrid, en el Gobierno central, claro y definido, no afecta por igual a todos los territorios. El conjunto de las autonomías acusará la incertidumbre sobre quién será el próximo morador de la Moncloa. Sin embargo, las que más lo sufrirán serán las regiones que actualmente sufren situaciones estructurales más deficitarias. A quien le va bien en términos de financiación le da relativamente igual que el asunto se aborde antes o después, y lo mismo sucede en materia hídrica. A la Comunitat le interesa abordar todos estos problemas cuanto antes. Sin embargo, no parece que sea posible a tenor del modo en que se plantean los plazos para la investidura de Feijóo y la casuística posterior en caso de que el dirigente gallego no se convierta en el nuevo presidente del Gobierno.

La reforma del sistema de financiación autonómica lleva pendiente desde el 1 de enero de 2014 –van nueve años y medio-. Y eso significa más deuda y más déficit para la Comunitat. Sánchez llegó a la Moncloa prometiendo a Compromís abordar la infrafinanciación y no lo hizo jamás. Primero por la pandemia y posteriormente por anticipar una falta de acuerdo que nunca abordó con todos los actores en la mesa. El Ministerio de Hacienda ofreció un borrador de sistema en diciembre de 2021 sobre el que el Consell alegó en enero y jamás se recibió una respuesta a esos reparos, a pesar de que la ministra Montero la prometió para «después del verano»... del verano del año pasado.

Los últimos datos conocidos en víspera de la cita electoral del 23 de julio, lo que cifraban la tesorería de la Generalitat en 160 millones de euros en mayo o las facturas en los cajones por encima de los 1.300 millones, o la propia deuda de la Comunitat -55.000 millones de euros- en su mayoría contraída con el Estado, deja en manos del Gobierno central el oxígeno financiero necesario para las arcas autonómicas. Grandes proyectos como el corredor mediterráneo, la ampliación del puerto o el túnel pasante dependen en buena medida de la financiación y el impulso que quiera dar el Ejecutivo central.

El porcentaje de inversiones por parte del Gobierno central en la Comunitat nunca es equiparable al 10% de porcentaje de población. Durante años se situó muy por debajo. El Gobierno de Sánchez y el propio Consell presumieron de haber logrado acercarse hasta casi equipararlo. Pero eso era sobre el papel que recogían las partidas del Presupuesto General del Estado. Otra cosa era cómo se ejecutaban esos PGE, siempre muy por debajo.

La Comunitat siempre se ha mantenido en la cola de la ejecución presupuestaria. Sangrante ha sido la situación de Alicante, una de las provincias más pobladas del país y a la cola en términos de inversión. Como remate, la actual inestabilidad puede provocar una prórroga de los actuales PGE, si es que los ministerios y sus dirigentes políticos, en funciones desde julio, son capaces de ejecutarlos.

El corredor mediterráneo acumula años de retraso y los compromisos de impulsarlo acaban chocando con la realidad de la ejecución de las inversiones. Y cuando se ejecutan no se sabe que es peor. Es el caso del cambio de Atocha a Chamartín para los trenes de la Comunitat.

La ampliación del puerto de Valencia también se mantiene en la nevera, entre partidarios y detractores, sin saber si serán unos u otros los que se sitúen al frente del Ministerio de Fomento y sin perder de vista que se trata de una actuación muy mal vista por los independentistas catalanes.

El Gobierno central resolvió a finales del año pasado un recorte del trasvase Tajo-Segura que Feijóo prometió resolver a través de un Plan Nacional del Agua. Sin embargo, la presencia del dirigente gallego en la Moncloa está por ver. Muy complicada.

Así que la crisis hídrica propiciada por el cambio climático amenaza con agravarse a causa de la falta de agua proveniente del trasvase... y esa misma incertidumbre afecta a peticiones de inversión vinculadas a los Cercanías, o al derecho civil valenciano, o el copago de la dependencia por parte del Gobierno, que sigue en cifras muy por debajo de las pactadas en 2018, hace cinco años, que han pasado volando y sin que nada se resuelva.