El 'call center' de Imelsa cometió otro fraude con los cursos de formación

El caso del amaño del call center de la Diputación de Valencia sigue acumulando indicios de criminalidad contra los principales investigados en la trama. Las pesquisas se concentraron, de entrada, en el arreglo de la adjudicación del contrato a la empresa Servimun, dirigida por Fernando José Palomares con quien el exsuegro de Marcos Benavent, Mariano López, mantenía relaciones profesionales.

De hecho, aunque en un principio afirmó que no conocía a López, finalmente rectificó y aseguró que era comercial de su empresa. Una forma de justificar los casi 200.000 euros que se embolsó el suegro por su supuesto trabajo. En cambio, la UCO sostiene que es el pago de comisiones por la gestión que hizo en Imelsa a cambio de que se amañara el contrato del centro de atención telefónica, un negocio de dos millones de euros.

Una de las ofertas para conseguir el contrato era la formación del personal. Divalterra, la heredera de la antigua Imelsa, ha emitido un informe en el que constata que esos cursos nunca los pagó Servimun sino que fueron impartidos por técnicos de la propia Imelsa. La orden la dio Ricardo de Ángel Marí, jefe del servicio de Gestión Tributaria de la Diputación. «Servimun ha incumplido total y absolutamente su obligación», ratifica el dosier de la empresa pública. La formación o fue dada por la propia Imelsa o simplemente no se ofreció. Los empleados de la sociedad pública no recibieron remuneración. Asunto diferente es que dedicaran su tiempo a una empresa privada.

El informe de la empresa pública ratifica el trato de favor que se dio a esta mercantil. No ampliaron el horario de trabajo en una hora, no atendieron los sábados tal y como prometieron ni contrataron a un ingeniero de comunicaciones que debía ser el encargado de dar el soporte técnico en caso de problemas. La ristra de irregularidades continúa con la no contratación de un community manager y el olvido de las campañas de divulgación que debían impulsar. Además, Imelsa abonó los gastos de material pese a que debían correr a cargo de Servimun.

Los datos sobre las llamadas que recibió el servicio del call center son especialmente significativas. De las más de 100.000 horas que debían atender el teléfono, al final del contrato, la suma apenas supera las 30.000. Como consecuencia de este descenso en la disposición laboral, la lista de llamadas atendidas decreció notablemente. De nuevo, las estadísticas muestran el deficiente servicio de la empresa para la que supuestamente intermediaba el suegro de Benavent. El call center recibió 269.000 consultas, pero sólo dio respuesta a 169.000. Pese a todos los graves incumplimientos anteriores, la mercantil no fue sancionada por incumplir con los requisitos de la adjudicación.

El Ayuntamiento de Enguera también ha contestado al requerimiento del juzgado para que informara de los contratos con la empresa Servimun y con Técnicas Legales Administrativas, una sociedad bajo la órbita de Mariano López, amigo también de Alfonso Rus. El Consistorio contrató a la mercantil por un procedimiento negociado sin publicidad por un importe de unos 30.000 euros. Los pagos no parecen responder a un asesoramiento de un camping, tal y como indicaron los investigados ante el juez. Al contrario, si este servicio se prestó no consta expediente de contratación. De hecho, se devolvió una factura por este motivo. El resto de pagos a la mercantil responde a un asesoramiento por determinados impuestos.

Esta es una de las piezas del caso Imelsa que se encuentran más avanzadas. De hecho, la investigación está en su fase final. Son muchos los indicios que figuran contra los principales investigados, Mariano López, Palomares y el entonces presidente de la Diputación, Alfonso Rus. Hoy vuelve a declarar Marcos Benavent, cuyas comparecencias judiciales y grabaciones sostienen la mayoría de causas derivadas de Imelsa.