Compromís y PSPV critican que se borrase las imágenes de las cámaras del Palau el día de la dana

«Queríamos saber si Mazón estaba allí a las 19 horas. La respuesta es que, en cumplimiento de la ley orgánica 4/97, las grabaciones serán destruidas antes de un mes salvo que estén sometidas a un caso judicial abierto. También pedimos las cámaras del Cecopi, sobre la que han pedido prórroga para contestarnos. No entendemos por qué Mazón tiene acceso a esas grabaciones y a la oposición no nos lo facilitan. Se intenta esconder todo lo que creemos que se debería saber, que es dónde estuvo Mazón el día de la dana», ha indicado Joan Baldoví, síndic de Compromís, la misma interpretación de los hechos que realiza el portavoz del PSPV, José Muñoz.

Los dos partidos de la oposición reclamaron esas imágenes. Durante la instrucción judicial, también lo ha hecho una de las acusaciones populares, si bien la jueza que lleva la investigación desestimó esa petición. La izquierda pretende saber de manera detallada cuándo entró y salió Mazón del Palau de la Generalitat el día de la dana, porque consideran que hay un misterio sobre la actividad del jefe del Consell una vez finaliza su comida ese día y antes de llegar al Cecopi a las 20.28 horas. La vicepresidenta Camarero ha asegurado recientemente que Mazón estuvo en el Palau de la Generalitat antes de acudir al Cecopi.

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Desde la Generalitat se recuerda que «las videocámaras del Palau de la Generalitat conservan las imágenes un máximo de 15 días. Pasado este tiempo y salvo que hayan sido requeridas por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad de la forma prevista por la ley éstas se borran. El procedimiento de borrado se da por la superposición de nuevas grabaciones a las ya existentes».

Las mismas fuentes del Gobierno valenciano señalan que existe un informe policial relativo a los criterios de conservación y custodia de las imágenes, limitado en el tiempo en función de la Ley Orgánica 4/1997 de 4 de agosto, por la que se regula la utilización de videocámaras por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en lugares públicos. En este sentido, la norma establece que «las grabaciones serán destruidas en el plazo máximo de un mes desde su captación salvo que estén relacionadas con infracciones penales o administrativas graves o muy graves en materia de Seguridad Pública, con una investigación policial en curso o con un procedimiento judicial administrativo abierto». Y también se apela a la instrucción 1/2006 de 8 de noviembre de la Agencia Española de Protección de Datos sobre el tratamiento de datos personales con fines de vigilancia a través de sistemas de cámaras, en aplicación desde el 25 de mayo de 2018, además de la normativa europea.

Muñoz y Baldoví consideran que la Generalitat debía haber conservado esas imágenes «en previsión de probables litigios, ya que había más de 220 muertos». Sin embargo, básicamente desde el Consell se replica que se borraron porque, durante semanas, nadie las requirió.