El camino judicial que le resta a Oltra

El fin del secreto en las dos piezas que analizaban los correos electrónicos en los momentos clave del caso ha proporcionado un notable balón de oxígeno a la vicepresidenta. La lectura de más de 50.000 emails por parte de los policías encargados de la investigación no demuestra la supuesta existencia de un plan oculto, transmitido de manera verbal, para proteger al denunciado. Esta fue una de las hipótesis que planteó la Fiscalía Superior del TSJ para informar a favor de la imputación de Oltra.

Sólo un mensaje de los analizados despierta cierta atención. En septiembre de 2017, un mes después de que Oltra conociera el caso por una citación en su domicilio, una responsable de la Dirección General del Menor Ana Tarín le dice a la directora del centro que han de entrevistarse con una letrada, llamada María José, y lo tienen que hacer por separado tanto ella como el educador. «Según me comentan es muy urgente, ya que las presiones de la DG son insistentes. Gracias y un abrazo». Pero falta algo de contexto de este mensaje que las partes consultadas no han sabido ofrecer.

¿Y ahora qué? Oltra podría solicitar el archivo, pero el juez se lo rechazaría porque faltan diligencias por practicar. Algunas ya están acordadas. Se trata de la declaración de Miquel Real, jefe de gabinete de Oltra, el que supuestamente trasladó la orden de que se averiguara qué había ocurrido en el centro de menores y que eso terminó finalmente en un expediente, «investigación parajudicial», según la Audiencia, en la que se desacreditaba a la menor. De igual modo, también queda pendiente la comparecencia de Francesc Gamero, el subsecretario que envió un escrito a la Fiscalía para manifestar su intención de colaborar después de los retrasos que se habían producido a los requerimientos del ministerio público en el expediente de Menores. Y las acusaciones, lógicamente, podrían continuar pidiendo diligencias. Por ejemplo, la de esta psicóloga.

El titular de Instrucción 15 de Valencia siempre ha tenido la intención de citar también a Luis Ramírez Icardi, el docente condenado a cinco años de cárcel para conocer su versión después de la denuncia y el contacto que mantuvo o no con la vicepresidenta en aquellos días turbulentos de agosto de 2017. Oltra aseguró en su momento que ya no mantuvo un relación con él tras descubrir la denuncia. Además, el docente sigue esperando la resolución del Tribunal Supremo sobre la condena a cinco años de cárcel que le impuso la Audiencia de Valencia. El retraso en este asunto comienza a ser inquietante.

Oltra, tras casi un año y medio de investigación, no se encuentra en peor situación que tras el inicio de las diligencias. Los correos, en líneas generales, apuntalan su relato en el sentido de que no hubo un plan preconcebido para silenciar la denuncia ni una desatención deliberada de la entonces menor Teresa Tanco. Queda por dilucidarse qué interpretación merece el papel que ejerció la vicepresidenta en esa apertura del expediente para averiguar qué había ocurrido. Primero, ante los medios de comunicación, admitió que fue ella. Más tarde, ya en el juzgado, lo desmintió. Señaló que esa primera versión fue fruto de una «explosión emocional» para proteger a los trabajadores de su conselleria.

Así pues, el magistrado cuenta actualmente con los mismos indicios que le llevaron en su momento a pedir la imputación de Oltra ante el Tribunal Superior de Justicia. Pero ninguna de las diligencias efectuadas hasta la fecha ha permitido profundizar en el relato acusatorio. El titular de Instrucción 15 destaca por la minuciosidad -para algunos incluso excesiva- con la que desarrolla las investigaciones. Pero no le temblará el pulso si llegado el momento –una situación cada vez más próxima– debe optar por el archivo de la causa. Un posible sobreseimiento que sería recurrido, sin duda, por las acusaciones. El caso Oltra no se cerrará este año. La decisión quedará para la primera mitad de 2024. Y a partir de ahí puede retomar de nuevo su carrera política. Si Compromís quiere.