Camps insta a la jueza del Papa a revisar si el caso ha prescrito como hizo el fiscal de la Fórmula 1

Francisco Camps quiere despejar su horizonte judicial cuanto antes. Asunto diferente es que lo consiga. El expresidente de la Generalitat acaba de pedir el archivo de la investigación abierta contra él por la visita del Papa a Valencia en el verano de 2006. El exjefe del Palau insta a la instructora a que «evalúe de oficio» la prescripción de este asunto. Su defensa recuerda que en casos «con idéntica retranca política» se ha visto recientemente cómo el fiscal ha concluido que la responsabilidad penal se había extinguido. La referencia conduce sin duda al caso del circuito de la Fórmula 1 en el que Anticorrupción ha pedido el sobreseimiento tras impulsar la apertura de las diligencias. La Abogacía de la Generalitat, en cambio, continúa en solitario con la acusación. Habla la defensa de «aquietamiento del fiscal» en este asunto cuando, en realidad, fue una propuesta del ministerio público. Pero sí es cierto que hubo otro sumario en el que el fiscal desistió de acusar a Camps. Fue el conocido como caso Valmor y el supuesto fraude en la organización del evento. La jueza lo archivó. El ministerio público no recurrió.

La defensa de Camps no entra en si la Fundación V Encuentro Mundial de las Familias era pública o privada, cuestión que parece centrar la disputa judicial entre las partes. El expresidente concentra sus esfuerzos en negar la prevaricación –él solo participó en la constitución de la entidad amparada en un acuerdo del Consell– y en recordar que como «patrono de honor» carecía de competencias, según recogen determinados informes. Del mismo modo, subraya que la aportación de dos millones de euros que se dio a la entidad para el pago a proveedores encuentra también apoyada en resoluciones de la Conselleria de Economía y Hacienda. «Todo contaba con el respaldo de la Intervención», precisa el escrito de Camps.

La defensa del expresidente sostiene que tampoco se ha producido malversación. El tipo delictivo, aclara el letrado, no se ha cumplido. La malversación implicaría la sustracción de dinero de la Administración sin la correspondiente justificación del destino que se le da a esas cantidades o su desvío para actividades privadas. Pero, según el relato de Camps, el rastro del dinero y su destino se pueden seguir sin problemas. De hecho, el evento religioso se celebró y el dinero se invirtió en la fundación.

Las declaraciones de los principales investigados, entre los que se encuentran Camps, el que fuera vicepresidente Víctor Campos y el obispo auxiliar Esteban Escudero, ya se han celebrado. El fiscal ha pedido ahora una serie de diligencias para profundizar, especialmente, en la declaración de los testigos. Entre ellos, estará la líder del PP, Isabel Bonig, una vez la policía comunique al juzgado su domicilio. Las defensas tratan de acreditar que la fundación era privada y, por tanto, no tenía que someterse a la Ley de Contratos del Sector Público, es decir, podía contratar directamente a las empresas que quisiera sin necesidad de publicidad. Los letrados han aportado informes de expertos que irían en esa línea. La Intervención, en cambio, mantiene que era pública.