Camps pide a la Generalitat el pago de su defensa en la causa de la visita del Papa

Junto a otros altos cargos y funcionarios fueron investigados por los posibles delitos de prevaricación y malversación de fondos públicos a raíz de la visita del Papa Benedito XVI en julio de 2006. Ya el 10 de diciembre el auto de la Juez de Instrucción número 5 de Valencia archivó la causa de manera provisional dado que entendió que se trataba de una Fundación Privada y que, por lo tAnto, se regía por leyes civiles. Se llegó a esta conclusión en base a un informe pericial privado que aportó la defensa del Arzobispado de Valencia.

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El procedimiento penal era una pieza separada del denominado «Caso Gürtel». El Fiscal Anticorrupción interpuso una denuncia el 27 de diciembre de 2016 contra la Fundación V encuentro mundial de las Familias en el que figuraban como patronos el Arzobispado de Valencia, el Ayuntamiento de Valencia, la Diputación Provincial y la Generalitat Valenciana.

El debate de la causa fue si la fundación era una entidad pública y, por lo tanto, se regía por la ley de contratos de las administraciones públicas o si era de carácter privado y los contratos no precisaban del control de la Administración. La jueza fue tajante y resolvió que la fundación era privada. De esta forma constó tanto en el acta de la constitución como en varios informes periciales aportados.

Incluso se dejó entrever por parte de la Generalitat. El auto detallaba que el Interventor sólo comenzó a auditar la entidad a partir de 2010 con la llegada de dos millones de euros de fondos públicos.

Aunque las tres cuartas partes de la dotación fundacional provenían de organismos públicos, este hecho no la convertía en pública puesto que la fundación no estaba adscrita a ninguna de las administraciones que participaron en su constitución. Según subrayó la jueza, no había indicios de que los investigados «se hubieran concertado al inicio para constituir una Fundación con el fin de delinquir y que tuvieran conocimiento de que debía someterse a la normativa de la contratación del sector público». También destacó que no había pruebas concluyentes de que los entonces investigados se concertado de manera arbitraria con el objetivo de eludir la normativa y que la contratación de las empresas se diera con el fin de poder beneficiarlas. La jueza concretó que ninguna de las personas que prestaron declaración en la causa alegaron que vieron al expresidente de la Generalitat ni en las dependencias de la Fundación ni en las reuniones del Patronato.