El caos en las cuentas de À Punt abre la puerta al cese del consejo rector

La radiotelevisión valenciana tiene marcado en rojo el día de mañana. El domingo 30 de junio finaliza el plazo para que la Corporación Valenciana de Medios de Comunicación (CVMV) dé luz verde a las cuentas de la empresa pública correspondientes al ejercicio anterior. Pero en la reunión del consejo rector del jueves, la última antes de que se cumpla el plazo, las cuentas se quedaron sobre la mesa. El principal problema radica en las discrepancias contables entre la Generalitat, titular del servicio público audiovisual, y la propia Corporación, que presta el citado servicio y que sitúan en 9,2 millones el origen y la solución del problema. Pero, el caos en las cuentas de la empresa pública es tal que ya ha dejado al consejo rector en uno de los supuestos que contempla la ley de creación del ente y que implica su destitución.

En concreto, y tras haber auditado las cuentas de la radio y la tele del pasado ejercicio, los responsables de auditoría consideran que la empresa pública ha utilizado una argucia contable para disponer los fondos entre sus dos sociedades (la Sociedad Anónima de Medios de Comunicación (SAMC) y la propia CMCV) y no los ha utilizado para la finalidad que correspondía. El sistema es sencillo. La Generalitat genera cada año en su presupuesto anual 55 millones de crédito necesario para que las empresas que sostienen a Á Punt puedan garantizar el correcto funcionamiento del servicio público de radio y tele. La relación entre la empresa pública y el Consell se regula mediante un contrato programa que fija unas condiciones que las dos partes deben cumplir. Y los incumplimientos, que ya han comenzado a producirse, conllevan consecuencias que podrían comenzar a ser ejecutadas.

En primer lugar, las cuentas de À Punt no han podido ser todavía aprobadas porque el informe de auditoría reclama a la tele que devuelva 9,2 millones de euros que la SAMC y la CVMC se han traspasado entre sí, generando una duplicidad de estructuras y un incremento de gastos de funcionamiento que parece innecesario para gestionar la radiotelevisión. Esa duplicidad tiene las cuentas de 2018 en el congelador y ha sido ya fruto de numerosas alegaciones por parte de la empresa pública, que debería devolver el dinero que le reclama la Generalitat. Sin embargo, la Corporación es más partidaria de hacer frente a esos nueve millones con el dinero del año que viene. Pero la Generalitat ya ha avisado: el dinero de la subvención que no se gaste cada año deberá ser reembolsado a las arcas públicas como hacen todas las entidades e instituciones. Las huchas de ahorros ya no están permitidas en el sector público.

Así que el desequilibrio patrimonial de las cuentas de À Punt amenaza ya con poner contra las cuerdas a toda su dirección. La situación económica que atisban las distintas auditorías se prevé complicada, con una mercantil con una única fuente de ingresos, la Generalitat, y en pérdidas. En primer lugar porque la empresa de la tele no ha cumplido con la previsión de ingresos por publicidad que marcaba la ley (hablaba de cuatro millones de euros y la cifra alcanzada el año pasado fue de algo más de 800.000 euros, por debajo del 25% que marca la ley). Y sobre todo, porque los gastos de la empresa pública superan los ingresos. Con este panorama, la Sociedad que gestiona el servicio de radiotelevisión estaría en causa de disolución y sin posibilidad de arreglo más allá de la ayuda de la Generalitat. Para solucionar el caos en las cuentas, el Consell debería lanzar un salvavidas a À Punt y ampliar el capital de la empresa pública en algo más de dos millones de euros, pero la solución será un mero parche si no consiguen una manera propia de generar ingresos que cubran los gastos , que superan el importe del dinero que la Generalitat transfiere anualmente. Si eso no se produce, y no se modifica la gestión, la situación será endémica.

Con este paisaje económico, en el Consell ya han saltado todas las alarmas y busca contrarreloj una solución que permita mantener la viabilidad del ente. Sin embargo, el Consell Rector ya se encuentra en uno de los casos en los que la ley que rige el servicio audiovisual prevé su destitución: la desviación de su déficit es de más de un 10% y los ingresos propios previstos son menos de un 25% de los presupuestados. En esa situación, el Consell, mediante decreto, podría disponer el cese de los consejeros y la disolución del Consejo Rector, así como el nombramiento de un administrador único.

Por su parte, el conseller de Hacienda, Vicent Soler, justificó ayer que Á Punt es un proyecto «emergente» y no se le puede exigir «velocidad de crucero». De hecho, defendió que la radiotelevisión debe ser una inversión y no un gasto, como también se establece con las universidades, por ejemplo.