Otro cargo de Camps pacta con la Fiscalía por Gürtel pero aclara que no recibió órdenes

El responsable político de mayor enjundia en la causa es el expresidente Francisco Camps, que fue imputado una vez el caso estaba ya cerrado. De hecho, se reabrió tras la confesión de Ricardo Costa en la vista por la caja B de los populares donde terminó condenado, pero finalmente no entró en prisión gracias a esta colaboración con la Justicia.

El ministerio fiscal negocia desde hace semanas con los acusados que estén dispuestos a reconocer los hechos a cambio de una rebaja de pena. La última en aceptar esta propuesta ha sido Silvia Caballer, la que fuera directora general del Libro en la penúltima etapa de los populares en la Generalitat. Caballer ocupó otros cargos en el Ejecutivo autonómico, como el de directora general de Archivos e Innovación Tecnológica y secretaria general del Instituto Valenciano de la Juventud.

Pero hay un hecho diferencial respecto a la otra conformidad de la que ya informó LAS PROVINCIAS, la de Carmen Quintero, exresponsable de la Fundación La Luz de las Imágenes. En el supuesto de Caballer, la procesada reconoce que actuó por su propia voluntad «sin que hubiera mediado para ello ninguna persona». Es decir, que fue ella la que decidió adjudicar un contrato a la empresa de la trama Gürtel después de que en 2005, en una fecha sin determinar, Álvaro Pérez 'el Bigotes' se pusiera en contacto para ofrecerse como ejecutor de alguno de los servicios del II Congreso de Software Libre celebrado en 2005 en Castellón.

Caballer reconoce que llegó directamente a un acuerdo con el nexo de la trama Correa en la Comunitat. La exdirigente, al reconocer los hechos, ha obtenido una rebaja de la petición de pena al aplicarse la atenuante de confesión. La condena, ya acordada, se queda en dos años y medio de inhabilitación por un delito de prevaricación administrativa.

Caballer forma parte de un nutrido grupo de acusados que se enfrentan sólo a una condena de inhabilitación donde destacan tres exconsellers del PP, Luis Rosado, Manuel Cervera y Alicia de Miguel.

Carmen Quintero, por su parte, también pactó recientemente. La mujer se enfrentaba a cinco años y medio de prisión, El acuerdo finalmente se ha cerrado en dos años de cárcel con la correspondiente suspensión de la pena con la condición de que no vuelva a delinquir. Además, deberá abonar unos 30.000 euros como indemnización.

La conformidad de Caballer, en cierta medida, beneficia al expresidente porque desliga su actuación de órdenes o sugerencias de sus superiores. Camps se enfrenta a dos años y medio de cárcel por estos hechos. El juicio arranca en enero, pero las sesiones se prolongarán hasta prácticamente la campaña electoral. Suficiente munición para la contienda política que se prevé intensa en mayo.