Otro cargo de la Generalitat Valenciana cobró 9.000 euros del plus al que no tiene derecho

La responsable del Ivace, Júlia Company, no fue la única directiva del sector público instrumental de la Generalitat que cobró indebidamente el plus por cambio de residencia habitual reservado a los altos cargos del Consell. La Intervención General también cuestionó los pagos recibidos por Salvador Palazón, director general de la Agència Valenciana d'Avaluació i Prospectiva (AVAP), dependiente de la Conselleria de Educación. El catedrático ilicitano, ex vicesecretario general de la Universidad de Alicante, ostenta el cargo desde julio de 2015, por la cuota del PSPV.

Sólo en 2016, Salvador Palazón cobró 9.091 euros por esa compensación, según señala la Intervención en su informe de auditoría, en el que concluye que «no debió percibir cantidad alguna por el concepto de cambio de residencia habitual». Es más, le reprocha que ese importe excedería, incluso, el máximo autorizado para los altos cargos del Consell, fijado en el 14% de las retribuciones anuales asignadas al cargo.

Según el auditor, el director general de la AVAP obtuvo una retribución de 60.506 euros en 2016 y, por lo tanto, «el gasto en concepto de indemnización por cambio de vivienda -en el caso de que hubiese tenido derecho a él- no podría superar los 8.470 euros». Sin embargo, agrega, percibió 9.091 euros por esa vía, reservada a los altos cargos de la administración de la Generalitat que tienen cambiar su residencia habitual y por la que Palazón «no debió percibir cantidad alguna».

Desde la Conselleria de Educación no se atendió ayer la petición de este periódico para poder ofrecer la versión de Salvador Palazón.

En su caso, el importe cobrado indebidamente por ese plus superaría los 11.000 euros percibidos de más por la responsable del antiguo Impiva y mano derecha del conseller Rafael Climent, como reveló ayer LAS PROVINCIAS. Por un lado, porque Salvador Palazón lleva en el cargo desde el comienzo de la legislatura, no desde mediados de 2016 como Company, que en su etapa anterior como directora general de Industria sí tenía derecho a esa indemnización por cambio de residencia.

Y, por otro, porque la cuantía que le atribuye la Intervención en el último ejercicio auditado es más de mil euros superior a la de Company.

De acuerdo con la información disponible en el portal de transparencia de la Generalitat, ambos directivos estarían percibiendo 7.910 euros anuales por esa compensación, a la que Company renunció, «por precaución», este mismo año.

Según aseguró ayer en rueda de prensa la vicepresidenta del Consell, Mónica Oltra, ese plus «en este momento no se está cobrando por parte de las personas afectadas», por lo que cabría pensar que también Palazón renunció a él tras la advertencia del auditor a finales de 2017.

De ser así, el director general de la AVAP habría percibido ese plus desde su nombramiento en julio de 2015 hasta final de 2017, dos años y medio en total. A razón de unos 700 mensuales, la cuantía cobrada por esa vía superaría los 20.000 euros.

Según la Intervención General de la Generalitat, al igual que en el caso de Júlia Company, el responsable de la AVAP tiene la consideración de personal directivo del sector público instrumental de la Generalitat, de acuerdo con el decreto 95/2016, de 29 de julio, del Consell. Y, como tal, en su retribución «no se incluye, en ningún caso, la indemnización de gastos extraordinarios por motivo de residencia». De hecho, el auditor señala que «se va a proceder a cuantificar las cantidades percibidas por este concepto».

Desde la Intervención, por su parte, indicaron ayer a este periódico que consultarán tanto a la Abogacía General de la Generalitat como al departamento a cargo del sector público (Hacienda), al ser la primera vez que se emite opinión sobre los cargos que no tienen derecho al plus. En función del resultado de esas consultas, determinarán «cómo hay que obrar» con Company y Palazón.