Las cartas de Sandra Gómez pueden acarrear una multa de hasta 3.000 euros para el Ayuntamiento

La líder socialista en el Consistorio, Sandra Gómez, repartió durante los primeros días de abril 74.624 cartas en otros tantos domicilios para alabar su gestión al frente del área de Urbanismo durante la última legislatura. Una acción desvelada por LAS PROVINCIAS y que provocó la reacción inmediata de PP y Vox, que presentaron una denuncia ante la Junta Electoral de Zona.

Este organismo, la semana pasada, no entró en el fondo de la cuestión y rechazó la queja de los dos grupos de la oposición al considerar que toda la operación para remitir las miles de cartas se había ejecutado días antes de la convocatoria oficial de las elecciones municipales, que se firmó el lunes 3 de abril. Además, descartó los argumentos del PP de que las misivas contenían información electoralista y ajustó el contenido de las cartas a la normativa vigente sobre la práctica del buen gobierno.

Tanto PP como Vox recurrieron y la Junta Electoral Provincial, un órgano superior, sí que ha estimado las denuncias y ha dejado sin efecto la resolución anterior: «Deberá la Junta Electoral de Zona de Valencia iniciar expediente sancionador ante la posibilidad de la comisión de una infracción electoral sancionada en el artículo 153 de la LOREG».

Además, exige la retirada de la campaña con el bloqueo inmediato de los accesos a los códigos QR que se acompañan en la información de las cartas enviadas por Gómez, con el fin de que los vecinos puedan visualizar en sus móviles la imágenes virtuales de los proyectos con el enlace que redirige a la página web del Ayuntamiento. Además, la Junta Electoral Provincial advierte de que no cabe recurso contra una resolución firmada el lunes 24 de abril.

La Junta Electoral de Zona, que rechazó las denuncias del PP y Vox, recibe un varapalo importante del órgano superior: «No se comparte el criterio mantenido por la Junta Electoral de Zona». El comportamiento del Ayuntamiento de Valencia, según señala resolución «infringe» el contenido del artículo 50.2 de la LOREG: «...desde la convocatoria de elecciones y hasta la celebración de las mismas queda prohibido cualquier acto organizado o financiado, directa o indirectamente, por los poderes públicos que contenga alusiones a las realizaciones o a los logros obtenidos...».

La Junta señala que la cartas llegaron a Correos el 31 de marzo y llegaron, según la normativa, a los domicilios en los siete días naturales posteriores «y por ello dentro de periodo electoral». Para la Junta es «una infracción evidente» del artículo 50.2 de la LOREG, «y no cabe duda que con tal comportamiento se infringe el principio del carácter neutral con el que debe actuar la administración durante el periodo electoral, pues el artículo 50 de la Ley Orgánica de Régimen Electoral General establece que la publicidad institucional no debe influir en ningún caso en la orientación del voto de los electores».

El entorno de la vicealcaldesa, desde el primer momento, defendió que nunca se actuó de mala fe, que la petición del envío de las cartas se registró en julio y que fue el área de Servicios Generales Técnicos, que dirige la concejal de Compromís, Luis Notario, la que retrasó todo el proceso. Desde Compromís negaron las acusaciones y aseguraron que la campaña se puso en marcha en el momento el área de Gómez dio su aprobación.

El PP criticó la actitud de Gómez tras conocer la resolución de la Junta Electoral Provincial. «La candidata de Pedro Sánchez en Valencia cometió una ilegalidad», indicó el portavoz de la campaña de esta formación política Juan Carlos Caballero. «Sandra Gómez se gastó más de 20.000 euros de todos los valencianos en el envío masivo de cartas electorales de autobombo saltándose la ley y haciendo un uso ilegal más que evidente de los fondos públicos con fines partidistas y electoralistas», continuó Caballero, que añadió que la candidata socialista debe pedir perdón y devolver el dinero.

El candidato de Vox a la alcaldía, Juan Manuel Badenas, señaló que «no se puede consentir que algunos candidatos utilicen dinero público para hacer su campaña electoral, como está haciendo Gómez, que si tuviera un mínimo de vergüenza se iría a su casa».

Desde el PSPV defendieron que el Ayuntamiento entiende que es «un envío ordinario informando sobre actuaciones en cumplimiento de su deber de información, transparencia y buen gobierno» y recordaron que la Junta Electoral de Zona apuntó que el envió se realizó «fuera de período electoral». Los socialistas añadieron que la fecha «no fue en ningún caso solicitada, ni decidida por la vicealcaldesa» y precisaron que la resolución del órgano electoral no se dirige al PSPV ni a su candidata sino «contra el propio Ayuntamiento».

Los socialistas adelantaron que el consistorio recurrirá la decisión de la Junta Electoral de Zona «en la jurisdicción ordinaria por entenderla no ajustada a derecho y en defensa del interés general y el cumplimiento de sus deberes y obligaciones». El PSPV ha dicho que queda recurso ante el contencioso administrativo.