Qué es la Operación Azud y a quién se investiga en Valencia

La operación, que fue declarada secreta y de la que ahora se está desarrollando la segunda fase, investiga el presunto cobro de mordidas a empresarios que resultaban adjudicatarios de obra pública en la capital valenciana.

Rubio ha sido arrestado en su domicilio y está acusado de participar en la adjudicación de diferentes infraestructuras en suelo público a cambio de comisiones.

El caso Azud lo lleva el Juzgado de Instrucción número 13 de Valencia y se investigan presuntas mordidas con facturas supuestamente ficticias que varias empresas adjudicatarias de obra pública del Ayuntamiento de Valencia habría realizado, entre otros, al bufete del letrado José María Corbín,cuñado de la exalcaldesa Rita Barberá, por su intermediación en el presunto amaño de adjudicaciones públicas.

La causa, que arrancó hace más de tres años, está abierta por delitos de cohecho, falsedad documental, blanqueo de capitales, contra la Hacienda Pública y tráfico de influencias.

Inicialmente se conoció que tanto responsables de la empresa Secopsa, que se encarga de la limpieza de una parte de la ciudad, como de la constructora Cleop, con Carlos Turró a la cabeza, se encontraban investigados. Pero la jueza citó posteriormente como investigados a otros exdirectivos de conocidas mercantiles para que aclaren qué relación pudieron tener con el despacho de José María Corbín. Acciona también sevio inicialmente salpicada en la investigación.

El negocio inmobiliario en Xàbia unió a Corbín y al administrador de Laterne

Los investigadores pretenden averiguar si la supuesta facturación que existiría a favor del despacho profesional responde a unos servicios reales o simplemente sería el artificio para el pago de determinadas cantidades de dinero. Los empresarios investigados fueron Jaime María Febrer y Juan Vicente Hermosilla Tro. Ambos lideraban la mercantil Construcción Valencia Constitución. Se trata de una de las inmobiliarias más activas de la ciudad hace una década, pero disuelta hace unos años. En su día, la firma participó en varias operaciones como la compra de los antiguos terrenos de los depósitos de CLH junto al puerto por 300 millones de euros.

La jueza tambiéncitó en el juzgado a Fernando Huet, el que fuera apoderado de la constructora Cyes. Hoy ya no trabaja en la firma. La mercantil era una de las habituales de la obra pública en la Comunitat. Su nombre apareció en las pesquisas por la financiación ilegal del PP en la ciudad de Valencia, en el sumario del caso del Puerto de Valencia -archivado finalmente- así como en el auto de la Fórmula 1.

Otros de los directivos convocados en el juzgado fueron Asunción Albalat y Marceliano Alfaro. Se trata de exdirectivos de la empresa Ocide Construcciones. Una de las contratistas habituales del Ayuntamiento.

Los investigadores recabaron documentación del club Levante UD y del Club de Tenis Valencia, entre otras instancias. Las pesquisas salpicaron también a las tres hijas del letrado y a su mujer, la que fuera jefa de gabinete de Rita Barberá.