El PP, preparado para otro varapalo judicial con la sentencia de la rama valenciana de 'Gürtel'

El PP no va a tener mucho tiempo para lamerse las heridas provocadas por la sentencia de la primera época del 'caso Gürtel'. Los populares ya se preparan para otro fallo judicial inminente, probablemente la próxima semana, y que podría suponer un nuevo varapalo si se confirman sus temores ante la sentencia de la trama valenciana de 'Gürtel', que se juzgó en la Audiencia Nacional entre enero y mayo de este año.

Los magistrados, según fuentes judiciales, han cerrado ya una sentencia que, según avanzan diferentes fuentes, podría certificar que también el PP valenciano que dirigía Francisco Camps se financió con una caja B, como hizo la organización a nivel nacional, según el fallo conocido hace dos semanas. El meollo de la sentencia será si el tribunal da por probado o no que el PP de Camps ingresó como mínimo 1,2 millones de dinero negro para las elecciones autonómicas y generales de 2007 y 2008. La prueba testifical, coinciden todas las fuentes, es «abrumadora». Hasta nueve empresarios han confesado el pago de comisiones a los populares a cambio de librarse de la cárcel con penas de multa. En la misma línea, confesaron el líder de la trama, Francisco Correa, su número dos, Pablo Crespo, y Álvaro Pérez, 'el Bigotes'.

Pero no solo los miembros de la trama. Ricardo Costa, ex secretario general del PPCV, se convirtió en el primer político popular en confesar haber participado de la financiación irregular. Costa admitió en la Audiencia Nacional que el PP «sí se financiaba con dinero negro», y acusó a Camps de estar al frente de esa contabilidad paralela.

El expresidente valenciano no se ha sentado en ese juicio (solo ha sido testigo), pero las penas a los acusados, temen en el PP, van a ser lo de menos si la Audiencia Nacional, como hizo en la última sentencia, entra en la financiación irregular, algo que parece probable. El 8 de mayo, en la última sesión del juicio, Anticorrupción rebajó las peticiones de cárcel. La fiscal solicitó la disminución de la penas para Correa, que pasa de 22 años de cárcel a siete y tres meses por tres delitos electorales, falsedad documental continuada y fraude fiscal.

Mientras que para los nueve empresarios de la construcción donantes del PP valenciano, que reconocieron los hechos en 2016 y aportaron justificantes del pago de la responsabilidad pecuniaria, Anticorrupción solo reclamó multas. Antes pedía dos años de prisión.