Castellano fraccionó contratos para su amigo Taroncher

El futuro judicial de Serafín Castellano se presenta hoy, casi de manera sorpresiva, más gris que hace unas semanas. Un informe de la Intervención de la Generalitat complica su situación judicial. La Intervención ha emitido un segundo dictamen, que completa un dosier que presentó hace meses, y en este la conclusión final es que existe un fraccionamiento de contratos en algunas adjudicaciones. En concreto, se trata de unas obras en el centro de emergencias de l'Eliana, que el exconseller otorgó a su amigo y constructor -nunca han ocultado su relación- José Miguel Pérez Taroncher. El empresario falleció hace unos años al poco de arrancar la investigación judicial. Pero las firmas siguen inmersas en el procedimiento.

Los especialistas de la Intervención alertan de prácticas irregulares que afectan a unos 150.000 euros de los varios millones que se analizan en este procedimiento -el máximo permitido son 50.000 euros-. Basan su dictamen, entre otras circunstancias, en la proximidad temporal de algunas de las facturas, todas englobadas en este mismo procedimiento de reforma. Estas conclusiones pueden impulsar la acción de las acusaciones. La Generalitat, como ocurre en la inmensa mayoría de casos de corrupción, también se encuentra en la causa como acusación particular.

El negocio de Taroncher experimentó una brutal transformación en paralelo a la carrera de Castellano, un peso pesado del PP de Valencia hasta su detención hace más de cuatro años por las irregularidades en los contratos de extinción de incendios, amaños a cambio de regalos y pagos de jornadas cinegéticas. El político, zaplanista en sus orígenes, pasó por diferentes consellerias en los Gobiernos de Francisco Camps hasta que desembarcó en la delegación de Gobierno, aunque ahí ya no tenía capacidad para contratar.

Durante el aluvión de encargos de la Generalitat -Castellano fue conseller en distintas etapas de Sanidad, Justicia y Gobernación- Taroncher consiguió doblar su facturación. Así ocurrió en el periodo (2006-2007) donde se multiplicó la cifra de negocio sin apenas incrementar el gasto de personal, algo llamativo cuando la firma se dedica a la construcción. La sociedad realizó actuaciones en la propia sede de la conselleria, en institutos y empresas públicas. De hecho, incluso pavimentó un edificio de Vaersa, otra de las empresas manchadas ya para la historia por la corrupción. Los taroncher llegaron a facturar cerca de tres millones de euros en contratos con la administración valenciana. Una cifra significativa para las relaciones que unían al administrador con el conseller, es decir, proveedor y contratista.

La investigación principal, conocida como caso Avialsa, se dividió en varias piezas. Esta causa se sigue en la Audiencia Nacional porque analiza también los vínculos en el exterior de las empresas de extinción de incendios ante la sospecha de que también amañaron otros contratos. Esta, la del fraccionamiento de contratos, fue a parar a Instrucción 19. Los mismos hechos fueron analizados en su día por el Tribunal Superior de Justicia que, sin embargo, no encontró en su momento indicios suficientes para seguir un procedimiento contra un aforado. Era una etapa en la que la Sala de lo Civil y Penal se llenaba de denuncias contra altos cargos para forzar una imputación y su posterior salida de la política. Y el alto tribunal recordó que antes de encausar a un aforado era necesaria una instrucción que reuniera suficientes indicios de criminalidad.

Castellano ha mantenido silencio respecto a sus asuntos judiciales, aunque siempre ha negado las acusaciones. Desde la operación policial, el exconseller se centró en el ejercicio de la abogacía.