El otro castigo a la Comunitat: a la cola también en inversión en Infraestructuras

Por eso se llama, precisamente, régimen común, porque lo comparten (o lo compartían) todas las CCAA excepto las dos forales. Un mismo sistema de reparto de los fondos entre las CCAA que, sobre el papel, debería de actualizarse cada cinco años, que es el periodo establecido de vigencia de cada modelo. El de 2002 se mantuvo hasta 2009. Y el aprobado ese año... sigue en vigor, más de 15 años y medio después.

Los ejes básicos del sistema aún en vigor eran el refuerzo de las prestaciones del Estado del Bienestar, el incremento de la equidad y la suficiencia en la financiación del conjunto de las competencias autonómicas, el aumento de la autonomía y la corresponsabilidad y la mejora de la dinámica y la estabilidad del sistema y de su capacidad de ajuste a las necesidades de los ciudadanos. Buenas palabras todas ellas que no se han hecho realidad. Porque el análisis de los datos por población –porque son los ciudadanos los que reciben los servicios públicos que se sufragan con la financiación autonómica– no reciben ni de lejos el mismo trato. Y porque no todas las CCAA pobres, las que disponen de un PIB por habitante inferior a la media, reciben una financiación que compense su situación. De hecho, hay cuatro regiones –la Comunitat Valenciana, Castilla-La Mancha, Andalucía y Murcia– que suman esos dos factores: son pobres y su financiación por habitante es inferior a la media.

La Comunitat Valenciana está infrafinanciada. No es la única, pero sí que es la que más. Con el modelo de 2002, y en especial con el de 2009, la distancia con la financiación media del conjunto de CCAA ha ido creciendo. No admite discusión y es un hecho ya reconocido. En términos porcentuales, más de siete puntos por debajo de la media. En miles de millones de euros, cifras escandalosas.

No es el único maltrato financiero a la Comunitat. Las CCAA reciben fondos del Estado a partir del sistema de financiación, pero también mediante las inversiones del Gobierno. Las inversiones 'que se hacen', no las que se ponen en los presupuestos para que figuren y nunca se ejecutan. El ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible es históricamente el más potente en el terreno de las inversiones. Las obras se hacen o no se hacen, el dinero se pone o no se pone. No cabe hacer trucos de magia en el departamento que dirige desde el pasado mes de noviembre el exalcalde de Valladolid, Óscar Puente.

Puente es ministro desde noviembre de 2023, así que poca o ninguna responsabilidad cabe atribuirle a las inversiones realizadas por ese departamento durante ese ejercicio. A él no, a su antecesora en el cargo, Raquel Sánchez, bastante más.

La Intervención General del Estado hizo públicos hace pocas semanas los datos correspondientes al balance de ejecución de los presupuestos del ministerio 'de Infraestructuras' -que es como se le conoce coloquialmente- correspondientes al año 2023. Ejecución por parte de la Administración General del Estado, los organismos autónomos, del sector público administrativo y del empresarial y fundacional. Los datos, por cierto, los hizo públicos en su cuenta de X el expresident fugado Puigdemont.

La ejecución del presupuesto del ministerio de Infraestructuras en la Comunitat Valenciana durante 2023 se quedó en el 56,45% y constituye el segundo dato relativo más bajo de todas las CCAA. La Comunitat Valenciana sólo tiene mejor porcentaje de ejecución de inversiones que Cataluña (45,17%). La suma de los créditos iniciales para la Comunitat alcanzaba los 1.236 millones de euros. En cambio, las obligaciones reconocidas se sitúan en los 697 millones de euros, que representa ese 56,45%.

La prueba de que la financiación de las CCAA no llega sólo con el reparto de fondos que establece el sistema, y que algunas autonomías ven compensada su infrafinanciación con una mayor volumen de inversiones, lo representan estos datos. Murcia, la región que junto con la Comunitat Valenciana más sufre la infrafinanciación, recibió en 2023 una ejecución de inversiones del 217% sobre los créditos inicialmente presupuestados para esa región.

Pero -porque siempre hay un pero- los datos de inversión del ministerio de Infraestructuras también pueden medirse en términos de población. Y aquí es donde se obtiene una foto de conjunto. La infrafinanciación por habitante afecta a cuatro CCAA -las citadas Andalucía, Castilla-La Mancha, Murcia y la propia Comunitat Valenciana-. Y la infrainversión por habitante, es decir, la que se queda por debajo de la media de todas las CCAA, a siete autonomías. Sólo hay dos de esas siete regiones que se encuentran también entre las cuatro cuya financiación por habitante es inferior a la media. Y sí, el resultado a la pregunta es correcto. La Comunitat Valenciana es una de las dos –la otra es Andalucía– que también recibe inversiones por habitante por debajo de la media de todas las CCAA.

Así ocurrió al menos en 2023 con las inversiones del ministerio de Infraestructuras. Los 697 millones de euros ejecutados en la Comunitat, sobre la población de algo más de cinco millones de personas de la Comunitat -datos del INE correspondientes al pasado 1 de enero- suponen una inversión por habitante de 131,19 euros.

La inversión media por habitante de este ministerio en 2023 se situó en 239,56 euros. De modo que cada valenciano recibió algo más de 100 euros por debajo del resto de españoles. No es la que menos, porque cada navarro recibió 119,78 euros y cada catalán, 128,18 euros. Pero sí que es, junto a Andalucía (155,82 euros por habitante) la única infrafinanciada que también recibe el castigo por la vía de las inversiones.

De hecho, para haber alcanzado esa media de 239,56 euros por habitante, la Comunitat Valenciana tendría que haber recibido inversiones de este ministerio 1.274 millones de euros, es decir, 577 millones más de los que se ejecutaron en realidad en 2023.

El doble castigo que recibe la Comunitat sitúa a los valencianos, en este caso sí, ante una financiación singular, pero por mala. El sustancial incremento de las entregas a cuenta anunciado por la vicepresidenta y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, para 2025, consecuencia directa del incremento de la recaudación fiscal en la Comunitat, no impide que otros factores clave sigan perjudicando objetivamente los ingresos que recibe la Comunitat. Y el concierto económico catalán en nada mejorará la situación de la Comunitat. En todo caso, lo complicará aún más si cabe. El PSPV avala ese concierto porque «avanza por el camino de la convivencia». Lo que no aclara es cómo esa convivencia puede acabar con la infrafinanciación valenciana.