El empresario del audiovisual, Francis Puig, hermano del expresidente de la Generalitat, Ximo Puig, sigue pescando importantes subvenciones de distintas administraciones para sus productoras de ... televisión. El cierre del año ha sido prolífico para el negocio de una parte de la familia Puig al recibir desde el área de Presidencia de la Generalitat de Cataluña casi 110.000 euros en subvenciones para la promoción en sus medios de comunicación del catalán.
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Comunicacions dels Ports, que es la sociedad principal de Francis Puig, ha recibido tres aportaciones desde Cataluña. Las inyecciones han sido de 30.026 y 28.055 para la promoción del catalán y el aranés a través de los canales de televisión del grupo y en los medios de prensa escrita. A esa aportación se suma otra de 30.000 euros para cubrir los plazos de la transición tecnológica en el medio audiovisual. Esta sociedad tiene radicada su sede en Castellón de la Plana tras estar ubicada durante muchos años en Morella.
La otra ayuda ha ido a parar a Mas Mut Produccions, una firma que está domiciliada en la localidad turolense de Peñarroya de Tastavins, una sede que varios informes de la investigación abierta contra el empresario han puesto en duda al no hallarse actividad alguna. Mas Mut ha recibido una aportación para la promoción de la lengua catalana de 21.282 euros, lo que hace un total que supera los 109.000 euros en ayudas a los medios de comunicación que controla el hermano del exjefe del Consell.
Esta aportación, que se mantiene a lo largo de todos los ejercicios, quedó reforzada el pasado 2 de julio cuando los miembros de la Associació de Mitjans d'Informació i Comunicació (Amic), entre los que se encuentra Francis Puig, se reunieron en Valencia con el secretario de Medios de Comunicación y Difusión de la Generalitat catalana, Marc Bataller, y con la directora general de Difusión de la Generalitat de Cataluña, Eva Pomares. La cita tuvo lugar en Valencia y el objetivo de la reunión era «dar apoyo a los medios en lengua catalana en el País Valencià y poner sobre la mesa posibles campañas de promoción turística para los medios asociados del territorio».
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Las ayudas de la Generalitat catalana no son las únicas que ha percibido Francis Puig en los últimos meses. Comunicació dels Ports ha recibido haces escasas semanas sendas inyecciones económicas desde la Conselleria de Educación en el marco del programa para el fomento de la lengua autóctona. Por un lado, ingresará 12.939 euros para la televisión Nord TV. Por otro, en la modalidad de prensa escrita no diaria, se embolsará 57.550 euros para el Setmanari Comarcal Notícies. Mas Mut, por su parte, también resulta beneficiada del reparto de fondos públicos. Casi 20.000 euros para impulsar el portal informativo comarquesnord.cat.
La sociedades de Francis Puig mantienen las subvenciones porque no existe ningún procedimiento legal que lo impida. En su momento, cuando las mercantiles de Francis Puig y las de sus socio de cabecera, los Adell Bover, fueron sorprendidos pactando precios para un concurso de À Punt se planteó esta posibilidad. Competencia de la Generalitat impuso una sanción de más de 40.000 euros por ese pacto encubierto para repartirse las corresponsalías comarcales de la televisión autonómica. La propia À Punt fue la que denunció el caso. Entre las sanciones previstas, aparte de las económicas, estaba que la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) les impusiera la prohibición de contratar con administraciones públicas, algo que no ha quedado resuelto a la vista de la última resolución del DOGV.
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Informe de Competencia
La Comisión de Defensa de la Competencia de la Comunitat Valenciana ha remitido a la Junta Consultiva de Contratación Pública del Estado un informe confidencial, según publica en su propia web, sobre las medidas técnicas, organizativas y de personal para evitar la comisión de futuras infracciones propuestas por las empresas Kriol Producciones –propiedad de los hermanos Adell Bover, socios de Francis Puig– y Comunicacions dels Ports –del hermano del expresidente de la Generalitat–.
Este informe se ha elaborado tras la petición de la Junta que, en última instancia será el órgano que determine si prohibe que estas mercantiles puedan recibir contratos públicos al ser sancionadas por pactar precios para ganar concursos.
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