Caturla insiste en que los 'zombies' trabajaban y niega que Rus decidiera las contrataciones

Caturla comenzó hablando de las dificultades en los procesos para construir colegios y los inconvenientes que se encontraban en los terrenos municipales. Y también de por qué se crearon determinados puestos dentro de la sociedad y de la estructura orgánica de la organización... Asuntos de escasa enjundia para el asunto central de la causa.

No ha dudado en sacar el nombre del exconseller González Pons, hoy uno de los cargos más importantes en el organigrama de Feijoó, cada vez que tenía una oportunidad en su relato. Le ha achacado, por ejemplo, que uno de los supuestos zombies se contrató durante su etapa. El tribunal le ha reprochado su falta de concreción y el exceso de rodeos en su testimonio. «Voy al grano, voy al grano».

El consejero delegado de Ciegsa en aquel momento ha defendido que los ahora acusados trabajaban. «Hay fotos que lo atestiguan», ha dicho. El fiscal le ha preguntado acerca de por qué estas personas, contratadas como altos directivos, tenían, en teoría, poderes de acuerdo a su categoría. «Los contratos los decide hacer así el despacho de Broseta, ese es el que tipifica la forma de esas contrataciones», ha subrayado. En esta misma línea ha insistido: «Si Broseta no dijo nada en su momento de esto...». Caturla asegura, no obstante, que hasta el 2007 eso no era obligatorio, lo de los poderes, claro.

«Las personas eran elegidas de la bolsa del Servef». Caturla se ha desligado de todo este proceso de contratación y apunta a otros directivos de la empresa pública. Respecto al expresidente Alfonso Rus ha sido claro. «No tiene nada que ver con Ciegsa ni con la contratación ni con nada», ha insistido. «Era el alcalde de su pueblo».

Los acusados zombies que han prestado hoy declaración han defendido su trabajo. Sin embargo, algunos lo han hecho de manera más efectiva. Es el caso de Clara Alepuz, una de las periodistas que informaba de Ciegsa y otras empresas públicas. Ofreció una explicación convincente de su desempeño y que ella no se fijó en la modalidad que usaron para contratarla. Con argumentación más débiles lo ha hecho, por ejemplo, Juan Antonio Sanz, el supuesto community manager (24 horas siete días a la semana) de Imelsa y de la Diputación de Valencia. Era asesor, sobre el papel, del exdiputado Juan José Medina.

Rafa Rubio, exdelegado del Gobierno del PSOE y salpicado por el caso Azud, también afronta en esta pieza un futuro complicado. En este caso, ha declarado como consejero de Imelsa porque tuvo en su momento a dos asesoras. Se trata de Carolina de Miguel y Teresa Gimeno. «Eran contratos eventuales y la confianza ahí es clave». Rubio propuso a estas dos personas, aunque buscó a otras. Pero como sólo iban a ser cuatro meses, mucha gente lo rechazó. Una conocida de Rubio le propuso a Carolina de Miguel. «No sabía que había trabajado en el PSOE de Madrid».

El exdirigente socialista en ningún momento solicitó la contratación de estas dos personas sino que, en definitiva, heredó lo que ya tenía el anterior consejero del PSPV. Rubio trató de acreditar el trabajo de sus dos asesoras. Hizo un repaso de los trabajos a los que se dedicó una de ellas. Algunos encargos eran verbales y otros escritos. «Yo le pedía a mi asesora notas», indicó. Pero no informes. «Las notas pueden ser de una hoja o de una decena». Pero no ha sido posible recuperar parte de ese material. Algunas de ellas, no todas, se incluyeron en el «dosier de mi trabajo durante cuatro años que dejé a mis sucesores».

Respecto a Gimeno, la persona que sufrió una indisposición, aclaró. «No es la persona que han visto ustedes aquí». 12 años después de los hechos «su estado evidentemente no es el mismo». Rubio la contrató para un «trabajo muy específico» que consistía en la búsqueda de información en medios de comunicación sobre determinadas materias.