Caturla cambió de móvil y contrató a abogados antes de ser detenido

El último informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil complica todavía más el incierto futuro judicial de Máximo Caturla, el exsecretario autonómico de Educación y consejero delegado de Ciegsa donde se investiga la adjudicación de colegios a cambio de comisiones. Los agentes han hecho un esfuerzo por detallar los indicios que, según sus indagaciones, conducen a la conclusión de que el exdirigente del PP sabía que le estaban investigando pese a que las actuaciones se encontraban secretas.

Uno de los apuntes que los agentes destacan es el cambio de número de móvil del cargo popular. Esto se produce en mayo de 2015 cuando aumenta la intensidad de las informaciones alrededor de esta posible investigación judicial. Los especialistas interpretan este hecho como una de las estrategias habituales de sospechosos para evitar que las comunicaciones sean interceptadas. El móvil, además, estaba dado de alta por la empresa Estilo Kiki, la firma donde en paralelo a las pesquisas judiciales fue inyectando todo su patrimonio para esquivar futuros embargos. En esta causa, la realidad es que las escuchas no depararon ningún dato revelador porque los investigados fueron muy cautelosos con sus comunicaciones. Y más en un asunto como este donde las grabaciones que durante años preparó Marcos Benavent eran la principal incriminación contra todos ellos.

Otro de los indicios que recoge el dosier de la UCO son los pagos a un despacho de abogados. En total, 48.000 euros, que se ingresan en dos transferencias. La primera de ellas se ejecuta en enero de 2015, apenas seis meses después de que se incoaran las diligencias. La otra se registra casi al mismo tiempo que el cambio del número de móvil. En aquel entonces, según la UCO, no tenía otros asuntos judiciales en marcha. Posteriormente, uno de los letrados de este despacho le asistió en el inicio de la instrucción de la causa.

Existen más detalles que la Guardia Civil destaca como indicios de que Caturla conocía la investigación contra él. Las anotaciones que encontraron en su domicilio evidencian que el exdirigente preparaba ya su estrategia de cara a la futura detención y comparecencia judicial. Es más, ahí se recogen desde cómo comportarse ante el fiscal a un análisis de la evolución patrimonial durante más de una década.

De igual modo, Alfonso Rus y Emilio Llopis eran dos de los sospechosos que conocían que había una investigación abierta contra ellos porque así se lo habían trasladado a Marcos Benavent en una reunión que mantuvieron en un vehículo y donde le instaron a que abandone Imelsa, hoy conocida como Divalterra.

Los agentes han reconstruido las operaciones financieras de Caturla desde el arranque de las pesquisas judiciales, en el verano de 2014, hasta enero de 2016 cuando se desarrollan las detenciones y registros domiciliarios.

La conclusión de los especialistas es que a través de ventas, préstamos ficticios y donaciones se deshizo de su patrimonio personal a favor de su empresa Estilo Kiki, que pasó a manos de sus hijos tras cederles las acciones. Se quedó, no obstante, con el usufructo de las participaciones.

Todo esto lo hizo en un periodo de apenas año y medio en el que los grandes beneficiados fueron sus hijos y la mercantil. De esta forma, pretendía disponer de la menor cantidad de bienes a su nombre. También procedió a vender buena parte de los 18 vehículos que tenía a su nombre, entre ellos, alguno de coleccionista, como un Jaguar.