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E. Rodríguez
Domingo, 23 de abril 2023, 14:33
La causa que investigaba al ex director del Instituto Valenciano de la Exportación (IVEX) José María Tabares por la presunta malversación de fondos a favor de Julio Iglesias llega a su fin. El Juzgado de Instrucción 19 de Valencia archiva la investigación de un supuesto pago de seis millones de euros al cantante que se habrían realizado en negro y a través de paraísos fiscales entre 1997 y 1998, según indican fuentes de la Fiscalía Provincial.
El Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) abrió el conocido como segundo 'caso IVEX' en enero de 2005 por los supuestos pagos ilegales a Julio Iglesias, que en diciembre de 1997 fue contratado por la Generalitat como embajador cultural de la Comunitat Valenciana para promocionar sus productos en el extranjero. Sin embargo, el caso ha sido cerrado tras dieciocho años de instrucción por llegara a la fecha límite establecida para este tipo de delitos. En concreto, prescribió el 17 de septiembre de 2022, tal y como ha adelantado Levante-EMV.
No obstante, se fueron dictando autos de sobreseimiento provisional para evitar la prescripción a la espera de tomar declaraciones a Tabares, que está fugado de la justicia desde que fue condenado a cinco años de cárcel por el primer 'caso IVEX'. Tabares, que reside actualmente en Japón y se gana la vida como profesor, estaba investigado junto a otros dos consejeros de la entidad.
Cabe recordar que la sala primera del Tribunal Supremo condenó en 2012 al IVEX a pagar 1.875.334,58 euros más los intereses al KBC Bank como responsable civil por la actuación de Tabares por los delitos de estafa y falsedad cometidos en relación con las operaciones realizadas para producir derechos de compensación que permitieran exportar a Ford vehículos a Túnez.
Tanto el primer caso como el segundo prescribieron, por lo que la petición de extradición de Tabares queda sin efecto. Fue en 2004 cuando el PSPV-PSOE presentó una querella contra 19 consejeros del IVEX por un supuesto delito de malversación relacionado con los pagos a Iglesias entre 1997 y 1999. Eduardo Zaplana era el presidente de la Generalitat en ese entonces. El Supremo se declaró no competente para investigar esa querella que indicaba que el contrato establecía el pago al artista de 2,2 millones, pero que hubo un «contrato B» que presuntamente se ocultó al parlamento autonómico y que elevaba esa cantidad a 5,9 millones libres de impuestos.
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