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Burguera
Sábado, 8 de febrero 2025, 00:29
La irrupción de la jueza de Instrucción 3 de Catarroja, que centraliza las diligencias para esclarecer lo ocurrido el 29 de octubre en relación a la dana, ha incrementado la tensión entre el Gobierno y el Consell, si es que eso era posible, que ... parece que sí. La investigación de los tribunales supone que el cruce de declaraciones políticas pierde relevancia frente a los autos judiciales. La titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 3 de Catarroja insiste en que la Generalitat le comunique, en un plazo de cinco días, quién decidió enviar a la población el SMS de alerta cuando el agua ya lo había inundado todo, además de reclamar a la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) los datos relativos al caudal del barranco del Poyo entre las 16.13 y las 18.42 horas de ese día y precise de qué forma se transmitieron una vez se han conocido los audios donde Miguel Polo, presidente de la CHJ, admite el apagón informativo. A partir de ahora no habrá solo una batalla por el relato político. Esa disputa comienza a subordinarse a la verdad judicial, lo que pueda probarse ante los tribunales. Y frente a eso, tanto los dirigentes populares del Consell como los socialistas del Gobierno aguantan las respiración y esperan mientras aseguran que la instrucción judicial les dará la razón.
El conseller de Medio Ambiente, Vicente Martínez Mus, aseguró ayer que la CHJ está «más que señalada» porque «omitió su responsabilidad». El conseller de Emergencias, Juan Carlos Valderrama, denunció que el Gobierno «ha acusado» a la Generalitat de borrar las grabaciones del Cecopi del 29 de octubre, cuando, según él, «el Cecopi nunca se han hecho grabaciones ni se han levantado actas». Y es que la delegada del Gobierno en la Comunitat, Pilar Bernabé, advirtió ayer que si las grabaciones del Cecopi del día 29 de octubre «no se hubiesen borrado» ahora se podría «determinar» quién envió a la población el SMS de alerta por la dana. «Es algo que tendrán que explicar», aseguró la dirigente socialista, que aseguró que quien «toma la decisión y quien decide de qué manera, cómo y en qué momento se manda el mensaje» es el mando de la emergencia, que es la Generalitat. Bernabé indicó que el Consell «no puede estar permanentemente limpiando la mala conciencia» que tiene Carlos Mazón, según ella, por «todo lo que pasó» y ahora «no sabe cómo repartir esa culpa, esa mala conciencia y esa responsabilidad».
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Óscar Puente, también dijo la suya ayer. El ministro estuvo ayer en Castellón y advirtió de que «es un tema que está judicializado y ahí aflorará la verdad». Puente se mostró partidario de «esperar a que se remita toda la información y a que sean los tribunales de justicia los que establezcan la verdad». PSPV y Compromís, desde Les Corts, consideraron que «todos los caminos conducirán a Mazón» cuando la jueza sepa quién envió la alerta de la dana.
El presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, afirmó, por su parte, que los servicios jurídicos de la administración autonómica detallarán al juzgado quién ordenó enviar el SMS, porque quizo recalcar que «la colaboración con la justicia es absoluta». Mazón insistió en la «contundente falta de información» del Gobierno, al que acusó de estar en «silencio» durante casi tres meses.
«El partido del Gobierno, que ha iniciado un juego perverso para emponzoñarlo todo y para intentar hacer caer por la vía inmediata a la Generalitat, nos llama asesinos todos los días. El Gobierno ha querido construir un relato perverso. Ahora que la verdad se impone y que está atropellando ese juego, dice que hay que bajar el tono», lamentó Mazón.
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