El TSJ certifica por primera vez que los zombies de Imelsa constituyen una malversación

El Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) ha confirmado la condena que en su día impuso la Audiencia a los exdirigentes del PP Emilio Máñez y Francisco Huguet. El primero fue contratado como brigadista forestal por Imelsa -hoy Divalterra- pero, en realidad, trabajaba de asesor para el segundo, diputado provincial. Esta fórmula -ahora considerada delictiva por el TSJ- fue una forma de esquivar las restricciones al número de asesores que se habían establecido en la Diputación.

La sentencia, no obstante, amenaza con tener implicaciones más allá de las consecuencias para los dos condenados (dos años y medio de cárcel y la devolución de 74.000 euros a la empresa pública). El fallo, que todavía se puede recurrir al Supremo, aclara las dudas acerca de si en este tipo de supuestos existe o no un delito de malversación. Para el alto tribunal, como en su día ya recogió la Audiencia, no existe margen para la duda. Se produce ese desvío de fondos con independencia de que ambas entidades -Imelsa y la Diputación- se nutran de fondos públicos, y el cargo del PP sí realizara un trabajo en concreto. "Se facilitó que Máñez cobrara un salario como brigadista sin ir a trabajar como tal y para poder seguir prestando una función de asesoramiento por la que legalmente no podría haber sido contratado. Existió, pues, un claro beneficio para asesor y asesorado y un perjuicio real para los presupuestos de la empresa pública y de la propia Diputación", detalla la sentencia.

El juzgado de Instrucción 18 de Valencia, que analiza el caso de los zombies, ha querido marcar una diferencia -con el visto bueno de Anticorrupción- entre personas que cobraban un sueldo de Divalterra sin hacer ninguna labor y la quienes recibían una remuneración de esta empresa pública, pero trabajaban de asesores de diputados provinciales o incluso para el partido político.

Así pese al avance de las pesquisas y la existencia de informes que apuntan a la ilegalidad de ambas operativas, la instrucción parece haber dejado de lado los casos de la hoy consellera de Transparencia, Rosa Pérez, o los diputados de Compromís y PSPV, Emili Altur o Rafa Rubio. Al igual que ocurría con los responsables del PP.

De hecho, algunos de estos diputados declararon como investigados en la Guardia Civil, pero esta imputación policial no se ha materializado en ningún auto del juzgado. Sin embargo, la Audiencia sí consideró en su día que Rosa Pérez, denunciante del caso Imelsa, era una investigada más de la causa y no podía seguir como acusación.

Todos los argumentos de los recursos de los condenados son rechazados por el TSJ. El tribunal considera que la Audiencia llegó a una conclusión perfectamente sólida de acuerdo a los abundantes indicios con los que contaban y subraya que los procesados se pusieron en contacto con el entonces gerente de Imelsa, Rafael Soler Vert, para que colocara a Máñez como brigadista. Carece de interés que esa contratación fuera legalmente ejecutada. Los hechos para Vert, antecesor del gerente Marcos Benavent, han prescrito.

Mañez y Huguet son viejos conocidos de la localidad de Quartell donde han compartido responsabilidades públicas. Sus mujeres tenían incluso cuentas en común. Están investigados en la denominada trama urbanística del caso Avialsa.