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A veces, los vecinos son los paganos de los caprichos de sus dirigentes, y esto es lo que ha pasado en el Ayuntamiento de Chiva, gobernado por la popular Amparo Fort, que puso en marcha un concurso de comunicación al estilo del 'caso ... Begoña Gómez' y que ha sido un fiasco en su desenlace. El remedio posterior, que culmina el chanchullo, va a costar a los chivanos un extra de 100.000 euros.
Para entender el caso, hay que ir al principio. Tras dos legislaturas con alcaldía de Compromís, el PP ganó las elecciones en Chiva sin mayoría absoluta. En esa labor, tuvo un protagonismo principal José Vicente Ferrer, responsable de la empresa de comunicación Ferrer y Cuadrado, y que diseñó parte de la estrategia del partido a nivel local –existen facturas que lo corroboran–. Un triunfo trabajado y, por lo que se ve, recompensado.
La alcaldesa, en lugar de colocar a su periodista de cabecera como personal de confianza en el Ayuntamiento, ordenó la puesta en marcha de un concurso de comunicación por 153.451 euros para los próximos cuatro años. La clave del proceso estaba en los criterios subjetivos –el modelo del caso Begoña Gómez–, cuya puntuación valía un 70%.
El corte final lo pasaron 11 empresas. El apartado de los juicios de valor, al ser tan alto su porcentaje en la nota final, obligó a convocar un comité de expertos para la valoración de los criterios subjetivos, un hecho excepcional en un concurso de estas características y esta trascendencia.
El comité de expertos fue nombrado por decreto de alcaldía pero no contó con la aprobación de la secretaría del Ayuntamiento de Chiva –este hecho provocó que algún miembro de la mesa de contratación renunciara a su puesto–. El órgano estuvo compuesto por Pedro Pastor Grau (jefe de prensa de Presidencia de la Generalitat y responsable de comunicación de Salud de la Ribera), Juana Lara Torres (directora de informativos de Onda Cero y jefa de gabinete de alcaldía del Ayuntamiento de Gandia), María José Miquel Romero (catedrática de la Facultad de Economía) y Salvador Bueno (director legal RAC-KPMG y jurista especializado en contratación pública). Los cargos son los que figuran en el documento oficial pero, al menos, ni Pedro Pastor es actualmente el jefe de gabinete de la Generalitat ni Juana Lara la jefa de gabinete del Ayuntamiento de Gandia.
La primera fase del concurso valoró las propuestas de las distintas agencias de comunicación que se presentaron al concurso. En este apartado, que representaba el 70% de la nota final, la empresa mejor valorada fue la de Ferrer y Cuadrado, de la que es propietario el asesor de comunicación que trabajó para el PP durante toda la campaña electoral.
Ferrer y Cuadrado obtuvo una puntuación de 66,5 puntos sobre 70 posibles, la nota más alta y con mucha diferencia sobre el resto de las propuestas. La valoración del comité de expertos apuntó que era un plan de comunicación realista, muy completo y con una respuesta 24 horas los siete días de la semana. «Esta propuesta viene avalada por la experiencia durante décadas de su titular sobre la gestión de la comunicación en ayuntamientos similares e instituciones». En segundo lugar quedó Grupo R Comunicación, con 58,2 puntos, muy lejos de la propuesta mejor valorada de Ferrer y Cuadrado, que en esta fase logró una ventaja casi insalvable. La jugada era perfecta.
La oferta económica representaba el 30% del concurso. En este apartado, Ferrer y Cuadrado, la propuesta ganadora en los juicios de valor y liderada por el asesor de cabecera del PP en campaña, obtuvo la peor puntuación –6,27 de 30– porque su plan era, de largo, el más caro de todos los presentados. Esta firma de comunicación ofreció un precio de 143.040 euros, tan sólo 10.400 euros más bajo que el tope del concurso. El resto de las 11 firmas se movieron entre los 124.800 de Grupo R y los 96.000 euros de DoYou.
El alto precio no fue un problema para Ferrer y Cuadrado. La empresa que venía trabajando para el actual equipo de gobierno se llevó el concurso, con una ventaja más que suficiente respecto al segundo. Los 66,5 de los juicios de valor más los 20,13 de los criterios automáticos sumaron 86,63 para Ferrer y Cuadrado frente a los 82 de Doyou, que quedó segunda en el global. La valoración subjetiva del comité de expertos fue la clave del proceso. Hasta aquí, el plan perfecto.
Sin solvencia
¿Y cuando surge el problema? En el momento en el que Ferrer y Cuadrado no puede acreditar la solvencia económica y financiera de la mercantil para hacer frente a este contrato. En ninguno de sus tres últimos ejercicios, este empresario ha podido demostrar que su actividad ha significado un ingreso igual a los 153.000 euros del concurso. Un hecho que le descalifica del proceso, tira por la borda el plan tejido desde la alcaldía de Chiva para hacer un contrato a la carta y obliga a contratar a Doyou News, la empresa del periodista Luis Motes, por un coste de 47.000 euros más barato que la ganadora.
Pero el tema no se ha quedado ahí y la alcaldesa tendrá a su asesor de cabecera. Se ha activado el plan B. Amparo Fort quiere contar con Ferrer Gil por encima de todo. El concurso a medida fue un fiasco porque la empresa no ha podido probar su solvencia, por lo que Fort va a contratar a este periodista como personal eventual, un asunto que está previsto que se trate hoy en el pleno. De esta manera, el que podría haber sido el paso inicial se ha convertido en el final, con la gran diferencia que el chanchullo le va a costar a los vecinos de Chiva un extra de casi 100.000 euros en cuatro años.
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