Los chanchullos de Divalterra

La detención de la cúpula de presidencia de la Diputación de Valencia, junto a los dos cogerentes de Divalterra, la empresa pública heredera de la vieja Imelsa, cierra el círculo de la serie de escándalos que han marcado la gestión de esta empresa provincial durante la actual legislatura. Si Imelsa se convirtió, durante la etapa del PP, en sinónimo de corrupción y actuaciones al margen de la ley, el cambio de nombre de la empresa -de Imelsa a Divalterra- impulsado por el nuevo equipo de Gobierno no ha servido en absoluto para alejar el fantasma de las irregularidades del Palau de Batlía.

La llegada del socialista Jorge Rodríguez en el verano de 2015 a la presidencia de la Diputación de Valencia se presentó como la necesaria recuperación de la normalidad en el ámbito de la gestión de la corporación provincial. Tres años después, y tras sucesivos escándalos en la gestión de la empresa pública, Rodríguez está detenido y ha pasado la noche en el calabozo. Divalterra, en este tiempo, ha visto pasar a cuatro cogerentes -Josep Ramón Tiller, Víctor Sahuquillo, Xavi Simó (los tres propuestos por el PSPV) y Agus Brines (de Compromís)-. El primero de ellos, investigado también en la causa por la supuesta financiación irregular del PSPV, apenas duró seis meses en el cargo por las discrepancias con el presidente de la corporación provincial. El segundo, Sahuquillo, tuvo que dimitir tras una serie de irregularidades en su gestión que tuvieron su punto culminante en los gastos en gin-tonics y licores con cargo al presupuesto de la empresa de la Diputación. Rodríguez amenazó con disolver la empresa, la mantuvo un año con un único responsable al frente y finalmente trató de aprobar una serie de contratos de alta dirección pese a estar advertido de que suponía vulnerar la ley. En tres años, Divalterra ha sumado tal acumulación de chanchullos y polémicas que la empresa difícilmente podrá recuperarse. Y PSPV y Compromís, que dirigen la firma, quedan ahora señalados por una gestión que se ha demostrado insostenible.

Víctor Sahuquillo fue cogerente de Divalterra durante menos de un año. En ese periodo de tiempo acumuló tal serie de irregularidades y decisiones equivocadas que, a mediados de diciembre de 2016 fue despedido. El propio auditor interno de la empresa provincial había reseñado en un informe anomalías relacionadas con las contrataciones, el fraccionamiento de contratos y los presupuestos a medida para no superar el límite de 18.000 euros -que en el caso de Divalterra es el que marca la obligación de que el contrato lleve la firma de los dos cogerentes-. La gerente de Compromís, Agustina Brines, llegó incluso a solicitar un informe jurídico para comprobar si podría ejercer la acción de responsabilidad contra Sahuquillo, en el caso de que éste hubiera vulnerado uno de los mandatos del consejo de administración de la firma. La gota que colmó el vaso, no obstante, fue la revelación, por este diario, de las facturas y tickets correspondientes a consumiciones de bebidas alcohólicas por parte de Sahuquillo y que el entonces cogerente de la Diputación cargó al presupuesto de la Diputación. El escándalo de aquellos gastos y la explicación de Sahuquillo -dijo que no sabía que los pagaría la empresa, pese a pasar al pago los tickets- derivó en su destitución como cogerente.

Cuando José Manuel Orengo aún no se definía como un «gordito cobarde», propuso a Ximo Puig que el alcalde de Ontinyent, Jorge Rodríguez, ocupara la presidencia de la Diputación. Orengo fue designado en verano de 2015 jefe de gabinete del presidente de la corporación provincial. Y abandonó el cargo apenas siete meses después, tras varios encontronazos con el que se suponía que sería su 'pupilo'. Pese a ello, Divalterra suscribió un convenio con la Federación Valenciana de Municipios y Provincias (FVMP) por el que Orengo, exalcalde de Gandia, pasaría a prestar una labor de investigación en la creación de una entidad -Cical- dirigida a prestar ayuda a ayuntamientos y corporaciones locales en general en la toma de decisiones. El convenio se suscribió por 120.000 euros y tuvo un año de duración. Tal y como reveló hace pocas semanas este diario, Divalterra aún retiene desde hace más de un año sendas facturas de 40.000 y 26.958,43 euros correspondientes al convenio suscrito en mayo de 2016. Orengo avanzó posteriormente con su fundación, con el visto bueno de la Generalitat y las Diputaciones, aunque finalmente tuvo que paralizarla.

Los contratos de alta dirección en Divalterra se han convertido en el detonante de la actuación de la policía sobre la dirección de la Diputación de Valencia. En 2015, a su llegada al cargo, Rodríguez decidió multiplicar los puestos de dirección de Imelsa -aún con ese nombre-. De un gerente (Marcos Benavent) se pasó a un total de diez puestos directivos, entre cogerentes y responsables de área. Los elegidos para esos puestos eran, en su mayoría, cargos o responsables de PSPV y Compromís. Y en algunos casos, con una experiencia profesional más que discutible para ocupar esas responsabilidad. El intento de aumentar esos nombramientos, con contratos de alta dirección -sin concurso público- pese a los informes jurídicos en contra derivó en las primeras denuncias en Anticorrupción.

Divalterra constató la propia situación de paralización en la que se encontraba la entidad desde la destitución de Víctor Sahuquillo como gerente. En mayo de 2017, aún sin nombrar sustituto, un juez embargó a la empresa pública una nave industrial, cinco vehículos, todas sus cuentas corrientes, y todos los créditos o recaudación a los que pueda tener acceso. Y todo, por un impago de 18.000 euros. La decisión del juzgado de lo Social número 3 de Valencia por la que se ordenó la ejecución de la sentencia tenía fecha del pasado 3 de mayo. Pero hacía alusión a un fallo del 9 de septiembre de 2016. En esa fecha, la firma pública era condenada por adeudar 18.496,95 euros, más otros 2.770 euros provisionados inicialmente para intereses y costas. Un pago a realizar en calidad de finiquito a un extrabajador que había sido despedido. El embargo afectó a una nave industrial, cinco vehículos; los saldos existentes en las cuentas con Divalterra de titular, así como los saldos de cualesquiera otras cuentas corrientes, de ahorro, depósitos y productos financieros de cualquier naturaleza.

Rosa Pérez también se ha visto salpicada por la polémica en Divalterra. La diputada de EU fue llamada a declarar ante la Guardia Civil en relación con la pieza de los zombies, la investigación abierta en el juzgado número 18 y que investiga la contratación de empleados en Imelsa que o no acudían a trabajar o desarrollaban su labor profesional en algún otro ámbito o en su partido. Divalterra encargó en octubre de 2016 un informe jurídico en el que se consideraba a Pérez como investigada en esta causa. Ese dictamen lo elaboró Emma Ramón, justo antes de que la propia Pérez solicitara información sobre los trabajos realizados por la letrada y cuestionara el pago de sus honorarios. Tras ese informe, el despacho jurídico de Tomarial emitió otro documento en el que se alertaba de la posible incompatibilidad de la diputada de EU, por esa condición de investigada en una causa en la que la propia empresa de la Diputación ejerce la acusación particular. Los grupos que sostienen el gobierno provincial rechazaron esos informes.

Jorge Rodríguez llegó a la presidencia de la Diputación con la lucha contra la corrupción como bandera. Se suponía que no era únicamente un eslogan. Pero algunos datos pusieron en cuestión esas intenciones. Divalterra todavía no tiene un plan de prevención de delitos, conocido como compliance, un programa que siempre que se haya cumplido exime de responsabilidad penal a las mercantiles. Desde la sociedad han venido explicando que se han revisado los procedimientos y establecido ciertas pautas de vigilancia, pero en ningún caso se puede hablar de la aplicación de un plan específico dentro de la firma. Fue una de las apuestas de la dupla PSPV-Compromís tras el cambio de legislatura. El entorno más cercano a Rodríguez, en cambio, siempre ha contestado que el compliance es una cuestión que compete únicamente a los gestores de Divalterra. El verdadero impulso a este plan de prevención se conseguiría con el nombramiento de un director. La idea era el «fichaje» de un profesional externo a la empresa y que dispusiera de plena autonomía -también en la parcela económica- para evitar depender de cualquier área de gestión. Sigue pendiente.

Más de 500 brigadistas constituyen la razón que da sentido a Divalterra. Profesionales que desarrollan una gran labor en el acondionamiento de los bosques de la provincia y que, sin querer, se ven envueltos por la polémica de la empresa a la que pertenecen. Polémica e incertidumbre. Rodríguez ha planteado hasta en dos ocasiones la posibilidad de reestructurar la empresa de la Diputación. La primera, tras el cese de Sahuquillo, cuando el propio Rodríguez planteó el cierre -y traspasar a los brigadistas al consorcio provincial-, aunque acabó desistiendo a la vista de las dificultades legales. La segunda, a raíz de la polémica por los últimos nombramientos de contratos de alta dirección. El grupo socialista acabó planteando una reestructuración de la que se concluyó que Divalterra debía apartar todo lo que no fueran las brigadas forestales. Todo queda ahora en el aire.

La información que facilita el ministerio de Hacienda respecto al periodo medio de pago a proveedores de las distintas entidades que forman parte de la corporación provincia señala que Divalterra tardó en abril 136,52 días en atender sus pagos a proveedores. Son cuatro meses y medio de retraso. El dato contrasta con los del resto de entidades de la corporación provincial, que se sitúan en el entorno de los diez días. El dato de la empresa de la Diputación forma parte de la información que facilita la secretaría general de financiación autonómica y local. El periodo medio de pago «global» de la institución que preside Jorge Rodríguez y el conjunto de sus empresas y entidades es de 15,98 días. Incluso el específico de la Diputación -el que se refiere a la administarción general de la corporación- desciende hasta los 12,21 días. Que el de Divalterra ascienda a 136 retrata la situación de parálisis en la que se encuentra la firma provincial. De hecho, la ley de estabilidad presupuestaria señala que una administración pública que se retrase en sus pagos treinta días por encima del límite que diga la propia ley -que es un mes- pasa a estar en situación de poder ser intervenida por el propio Gobierno. Divalterra, si se le aplicara ese argumento, lo estaría por partida doble.