Las chapuzas del entramado Francis Puig

El entramado, bautizado en su momento como el cártel de las productoras, se ha convertido en un enorme desastre de gestión que incluye graves irregularidades. Asunto diferente es que esto llegue a ser delictivo. La investigación judicial –este apartado también concita deficiencias– y la lentitud de los informes ha arrastrado a los protagonistas a cargar un pesada cruz en un tortuoso camino mediático y judicial.

La cadena pública sacó un concurso para la contratación de servicios audiovisuales en las comarcas de Els Ports, Alt Maestrat y Baix Maestrat. Francis Puig, uno de los principales empresarios de la comunicación en el norte de la Comunitat, se presentó. Pero se descubrió que lo había hecho bajo un concierto previo, prohibido por la legislación, que se denomina pacto de precios. Un acuerdo extraoficial entre los interesados para lograr sus respectivas cuotas de mercado sin perjudicarse en el resto de lotes. El hermano del expresidente se retiró al ser descubierto –Á Punt fue precisamente la que denunció las trampas– mientras su socios, los hermanos Adell Bover, siguieron hasta el final. Competencia les impuso una multa de 43.000 euros.

El Tribunal Superior de Justicia confirmó las argucias de los empresarios a los que calificó como cártel en su intento de alcanzar «los máximos beneficios posibles en detrimento de los consumidores». «Las cuatro empresas expedientadas utilizaron cuatro tipos o modelos de ofertas con precios idénticos en los cuatro conceptos de preferencias que se empleaban para la adjudicación», señalan los magistrados. Todas se presentan a los lotes pero es una la que pone el precio más bajo en cada propuesta. De esa manera, las dos restantes siempre van por arriba. Las firmas, no obstante, han podido seguir recibiendo subvenciones. No existe todavía una sanción que les impida presentarse a concursos públicos. Esta circunstancia sigue pendiente de una resolución de la Junta de Contratación del Estado.

Sin duda, en todo el curriculum de Francis Puig destaca, por extraordinaria, esta idea singular y posiblemente irregular. Madjulis Atchindji es un cantante de hip hop de Guinea-Bisáu y era el artista elegido por Juan Adell Bover, el socio del hermano del expresidente, para que cantara canciones guineanas en valenciano y 'cazar' así una subvención de música singular en valenciano del Institut Valencià de Cultura. La entidad repartía cerca de 300.000 euros para proyectos de esta naturaleza.

Lo de menos es que Madjulis supiera o no expresarse en valenciano. Se trataba de que aprendiera de memoria la letra y la pronunciación. El artista, enclavado en el hip hop, vivía entonces en Lanzarote pero es originario de la ciudad guineana de Cacheu. Los hermanos Adell Bover, los socios de Puig en todo el sospechoso entramado, colaboran con Radio Voz Cacheu. Madjulis ha participado en esa emisora.

La familia de los Adell Bover siempre ha mantenido vínculos empresariales con aquel país. En el chat de WhatsApp intervenido por la Conselleria de Económía, el empresario le explica a su amigo Francis, la idea que ha tenido: «Otro proyecto que triunfaría seguro sería coger un cantante guineano, coger cinco o seis canciones buenas de aquí y se las haríamos cantar en valenciano... ahora hay una subvención para música, después otra a proyectos singulares en valenciano, y se pueden grabar los vídeos asociando las canciones tipo brasileñas a las playas y Turismo de la Comunitat, y me podría presentar a Cooperación a través de la ONG e incluso a Turismo». No había límites a la hora de exprimir el ingenio para captar subvenciones. Más de 1,5 millones en los últimos años.

El informe que la Guardia Civil ha aportado al juzgado de Instrucción 4 de Valencia pone el foco en el hecho de que abundante material que se utilizó para justificar las ayudas al valenciano sea, en realidad, un producto elaborado en castellano. Ocurre en diferentes apartados y empresas del entramado y los agentes continuamente señalan esa circunstancia. En el epígrafe del informe sobre Mas Mut, la mitad de los contenidos que fueron encuadernados, alrededor de 500 ejemplares, son en castellano. Y pese a esto se incluyen como gastos dentro de la cuenta justificativa de ayudas al fomento del valenciano.

Otra de las cuestiones controvertidas es el hecho de que se facturen contenidos elaborados en meses anteriores. Del informe de los agentes se desprende que los empresarios utilizaban ese material para facturar con independencia de que se hubiera empleado ese mismo mes. Fuentes del entorno de los investigados precisan que pueden tratarse de imágenes de archivo que también son indispensables para la elaboración de piezas informativas.

En ese contexto, insisten las fuentes, es donde hay que incluir las imágenes de la boda del socio de Puig, utilizado como material que soportaba unas facturas. De igual modo, en determinados supuestos, hay facturas que constan en la cuenta justificativa que, sin embargo, no han sido aportados por los diferentes proveedores. Es en ese punto donde el informe invita a pensar -no existen más indicios- en una facturación falsa para respaldar las ayudas.

El informe de la unidad de delitos económicos de la Guardia Civil incide en otro polémico apartado. Se trata de la casa de Jorge Puig Ferrer, el otro hermano del expresidente de la Generalitat. Los agentes sostienen que esa es la residencia del hermano, una vivienda ubicada en la localidad turolense de Penyarroya de Tastavins. Pero, de igual modo, mantienen que nunca ha sido sede social de ninguna empresa, en este caso de la productora de televisión de Mas Mut.

Los investigadores relatan que al llegar al lugar se encontraron con un chalé que no era más que una vivienda particular. «En la misma se encuentra una dirección unifamiliar de dos alturas, que linda con un pequeño huerto a la izquierda y un solar a la derecha», especifican en su visita al emplazamiento. Los investigadores aseguran que un vecino les confirmó que el inmueble era el domicilio particular de Jorge Puig. La vivienda no presentaba tampoco ningún rótulo que hiciera pensar en una actividad comercial. El entorno del empresario asegura, en cambio, que ese centro de trabajo está dado de alta en Hacienda. Por tanto, la tesis de la la Guardia Civil quedaría desmontada.

Un informe de la Intervención de la Generalitat cifra en 67.000 euros el dinero que las empresas de la trama recibieron de manera indebida. El dosier, otro de los puntos clave del sumario, confirmó las sospechas de irregularidades fundamentalmente a la hora de incluir gastos que no pueden ser subvencionados. Los especialistas aclararon, no obstante, que ellos no analizaban si los abonos responden a una realidad o no –este es el cometido de la Guardia Civil– sino si el concepto puede ser sufragado por la Generalitat. Aquí aparecen facturas de combustible de un vehículo sin que esté acreditado el conductor, el pago del alquiler de un local que se presentó fuera de plazo, gastos sin factura o desembolsos que se imputan en un porcentaje superior al que se puede subvencionar. Estas cifras, no obstante, quedan muy lejos de los 120.000 euros por año que se consideran necesarios para perseguir esta actuación como un delito de fraude de subvenciones. La investigación podría enfocarse, quizá, hacia un delito de falsedad en las propias facturas.