Chequeo a las consellerias: Josefina Bueno, inestabilidad con acento alicantino

La creación de una nueva conselleria nunca es fácil y cuesta generar confianza, pero esta se le ha atragantado de forma especial al Botánico. El objetivo de que tuviera la sede en Alicante fue el primer obstáculo debido a que se heredaron muchos funcionarios de Valencia que antes dependían del departamento de Educación, pero sólo esta cuestión no justifica que del equipo que empezó en 2019 sólo queden dos de los ocho altos cargos en sus puestos. Las polémicas y las luchas internas también han hecho mella.

Ha habido enfrentamientos por cuestiones como el solapamiento de determinadas funciones de la nueva rama de innovación con el Instituto Valenciano de Competitividad Empresarial (Ivace), dependiente de la Conselleria de Economía que encabezan dirigentes de Compromís, y con la misma Agencia Valenciana de la Innovación (AVI).

En esta sección destacan las polémicas en torno a la fundación Ellis. Una entidad de investigación independiente que ha contado con mucho respaldo del actual Consell y que, entre los socios fundadores, contaba con el marido de Carolina Pascual. Aunque en el último episodio de esta relación la organización se ha rebelado contra la Generalitat por forzarle a devolverle una subvención y ha recurrido a los tribunales.

Mientras Pascual se centraba en asuntos relacionados con la innovación, descuidó la otra pata de su departamento –y la más relevante a nivel presupuestario– la de universidades. Los mismos frentes que tenía que abordar cuando asumió el cargo de consellera seguían abiertos cuando dejó el puesto.

El primero es el plan plurianual de financiación de las universidades, que sigue sin ser aprobado pese a ser la base económica de las instituciones educativas. Pascual se limitó a encargar al Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas (Ivie) elaborar una propuesta, pero poco más. De hecho, las universidades le criticaron con dureza por no sentarse con ellas para evaluar las diferentes propuestas y recoger su posición.

Por otro lado, está el desbloqueo del convenio laboral del personal de los centros que afecta a los ayudantes y, en especial, a los profesores asociados. Este colectivo está en huelga debido a la aprobación de la nueva Ley Orgánica del Sistema Universitario (LOSU) del Gobierno de Pedro Sánchez, pero también por cuestiones que atañen a la Generalitat. En concreto, porque el preacuerdo alcanzado en 2019 para mejorar sus condiciones laborales y económicas lleva casi una legislatura atascado pese a las continuas peticiones para que Pascual lo abordase.

Ante esta situación, en la recta final de la legislatura el presidente Ximo Puig recuperó a Josefina Bueno, que había sido directora general de Universidades en el primer mandato botánico para apagar, al menos, estos dos fuegos. Por el momento ha conseguido encarrilar las negociaciones relativas a la financiación universitaria y ha tenido en cuenta las propuestas de los cuatro entes públicos, aunque por el camino se ha encontrado con críticas de la Universitat Politècnica de València por premiar más la docencia que la investigación.

Por otro lado, se ha retomado el contacto para recuperar el convenio laboral del personal de las universidades y se avanza de forma significativa. Si todo sigue el guión previsto se podrán solucionar estos dos grandes escollos antes de las elecciones. Algo que gusta a Puig, que baraja premiar a Bueno con el puesto de cabeza de lista del PSPV por Alicante en las elecciones autonómicas de mayo.