Chequeo a las consellerias: Rosa Pérez Garijo, consellera para Memoria y poco más

La Dirección General de Cooperación y la Agenda 2030 capitalizan más del 70% del presupuesto, lo que imprime al departamento de vocación internacional. Su incidencia directa en la vida de los valencianos radica en el ámbito de Participación Ciudadana (con un volumen total de recursos de cerca de 4,5 millones de euros), transparencia y atención a la ciudadanía cuentan (9,3 millones, lo que incluye el teléfono 012), y calidad democrática (8,5 millones).

La conselleria nació en 2015 por considerar Compromís que la transparencia merecía un espacio propio con el fin de visibilizar el intento del tripartito de fomentar un nuevo modo de gobernar. Sin embargo, en 2019, el departamento pasa a manos de Pérez Garijo, líder de EU en la Comunitat, y sus prioridades cambian, de modo que la memoria histórica se convierte en uno de los ejes políticos de las actuaciones de la conselleria, así como los proyectos de cooperación internacional.

En la negociación para configurar el Consell de la legislatura que ahora acaba, Pérez Garijo cedió la Inspección General de Servicio, que se había convertido en una especie de policía interna dentro del Gobierno valenciano y que pasó a manos de la conselleria de Gabriela Bravo. Fuentes de Compromís lamentan que en el departamento de Garijo se haya prescindido del talante de Pepito Grillo dentro del Ejecutivo autonómico, donde se ha rebajado el papel vigilante y tutelador de la anterior conselleria. El centenar de millones con el que cuenta anualmente no da mucho margen a la gestión.

Entre los asuntos que se destacan desde la propia conselleria durante la actual legislatura sobresale el portal de participación ciudadana y el plan de retorno de valencianos en el exterior, la incorporación de nuevos datos al portal de transparencia, el registro de lobbies (Grupos de Interés de la Generalitat, REGIA), un incremento de un 120% en el presupuesto de Cooperación al Desarrollo, ayudas para financiar 275 proyectos de cooperación y 59 acciones humanitarias. En cualquier caso, Pérez Garijo ha mimado todo lo relacionado con la memoria histórica. Desde la conselleria se recalca la elaboración de un catálogo de vestigios franquistas y la retirada de elementos contrarios a la memoria democrática, la excavación y exhumación de víctimas del 66% de las fosas comunes de la represión franquista (2.166 víctimas localizadas, y muchas de ellas identificadas con la colaboración de la UVEG y FISABIO y la creación del banco de ADN, tanto para víctimas de la Guerra Civil y la represión franquista como para la detección de casos de bebés robados).

En términos de ejecutoria, a Pérez Garijo se le ha atragantado la legislatura tanto en cuestiones legislativas como en lo que se refiere a algunos proyectos. Ha sido en el último pleno ordinario cuando se ha aprobado 'in extremis' el proyecto de ley de participación ciudadana, durante meses aparcado en Les Corts. Igualmente aparcado, más bien bloqueado, está la renovación del Consell de Transparencia, uno de los asuntos estrella de la ley de que se aprobó por iniciativa de la Cámara pero tutelada por la propia consellera, que fue quien presentó la proposición de ley en el parlamento.

En este sentido, también en proceso embrionario han quedado los presupuestos participativos. La conselleria destinó 101 millones a proyectos elegidos por los ciudadanos, pero a mitad del primer año de su ejecución, el pasado ejercicio, solo se habían ejecutado cuatro millones, una situación que ha empeorado este 2023, ya que las propuestas más destacadas elegidas por los ciudadanos se quedaron fuera de las cuentas del Consell. Desde el departamento de Pérez Garijo se indicó que esa primera batería de propuestas fue un «proyecto piloto».

A Pérez Garijo le ha costado mucho sacar adelante las iniciativas de su conselleria. La puesta en marcha de la ley de lobbies precisaba de la creación de un registro, para lo cual Hacienda necesitó más de un año para autorizar el personal necesario, de tal modo que el registro de grupos de interés no comenzó hasta el año pasado. Además, en lo vinculado con la actividad de las empresas inscritas en el REGIA se puede comprobar que los miembros del PSPV en el Consell no incorporan sus reuniones con los lobbies.

Tampoco terminó de generar un gran entusiasmo la celebración del 40 aniversario del Estatut, uno de cuyos actos centrales se escoró tanto que incluso entre los miembros socialistas del Consell se tuvo la sensación de asistir a un cónclave de EU más que a un acto institucional.

En términos políticos, el ambiente en torno a la conselleria acaba igual que empieza, un punto enrarecido por las tensiones internas en el seno de Esquerra Unida. Al inicio de la legislatura, no había pasado ni medio año, cuando Ignacio Blanco, secretario autonómico, y Aurora Mora, dimitieron. Se quebró la sintonía entre la consellera y las dos personas que ella misma había designado para negociar el pacto de Gobierno, y se fueron. A finales del pasado mes, hasta cinco miembros de la dirección de EU presentaron su dimisión del cargo orgánico. Las renuncias estarían vinculadas a la destitución, por parte de Pérez Garijo, de Cristian Veses como subsecretario autonómico. La diputada Estefanía Blanes, el propio Veses, Iñaki Pérez Rico, director general de Calidad Democrática en la conselleria, y el secretario autonómico Antoni Llorente abandonaron la dirección de EU, lo cual supone un fuerte varapalo para Pérez Garijo cuyo equipo de altos cargos políticos en la consellera está compuesto por cinco personas discrepantes o ajenas al liderazgo orgánico de la consellera en su partido.

«La transparencia ha sido una bandera con fecha de caducidad. El voto de Pérez Garijo ha servido para tumbar la creación de una decena de comisiones de investigación sobre asuntos turbios que afectan al Botànic», considera Fernando Pastor, diputado del PP encargado de fiscalizar el área de Transparencia, donde denuncia un importante sesgo político: «Por su apoyo a movimientos catalanistas y una sensibilidad que se ha podido comprobar en la conmemoración del 40 aniversario del Estatut». El PP, que considera que el departamento no tiene entidad para ser una conselleria independiente y que podría estar integrado en Justicia y Administración Pública, contempla además de manera muy crítica la creación del Instituto Valenciano de la Memoria, con un coste de 2,5 millones de euros.