La CHJ calificó de prioridad baja la obra contra inundaciones en el barranco del poyo

Así lo destaca un informe elaborado por Fedea bajo el título «Riesgos climáticos e inversiones en infraestructuras hidráulicas: reflexiones y propuestas tras la dana de Valencia», que firma Diego Rodríguez, Catedrático de Universidad en el Departamento de Economía Aplicada, Estructura e Historia de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Complutense de Madrid.

El estudio que se ha hecho público este jueves reconoce que el proceso de planificación que realizan las confederaciones hidrográficas en materia de gestión de riesgo de inundaciones es «extremadamente metódico y cuidadoso y se traduce en completos mapas de riesgo y en documentadas propuestas de mitigación para las que incluso se dispone de proyectos de construcción y detallados análisis coste-beneficio». Circunstancia, sin embargo, que convive con «una preocupante reticencia ante, o al menos lentitud en, la ejecución de las inversiones que el propio proceso de planificación identifica como necesarias» para combatir ese riesgo de inundaciones.

En concreto, en esa memoria de la CHJ se identifican 11 estudios de viabilidad, coste-beneficio y priorización de las medidas estructurales de protección frente a inundaciones correspondientes a otras tantas actuaciones. El presupuesto de obras de esas 11 actuaciones, a realizar durante el segundo ciclo de aplicación de la Directiva (2022-2027) se situaría en el entorno de 2.300 M€, la mitad de ellos asignados al Plan General de Inundaciones del Júcar.

En el mismo informe se realiza una priorización de esas actuaciones en 4 grupos, desde la A a la D, atendiendo a la fase de trabajo en que se encontraba cada una, su viabilidad técnica y social, su tramitación medioambiental y su impacto sobre la masa de agua.

Sin embargo, ninguna de las actuaciones se clasificó en el grupo A, que recoge aquellas actuaciones rentables y demandadas, cuyo proyecto esté acabado y con viabilidad social, ambiental y técnica. Solo dos se clasificaron como actuaciones cuya alternativa seleccionada se considera rentable y viable, pero el proyecto requiere actualizaciones o desarrollos (tipo B).

En cuatro actuaciones se consideró que el proyecto analizado, o bien es rentable pero implica problemas (sociales, ambientales) que hay que solventar, o bien no es rentable pero se considera que hay que buscar otra solución (tipo C). Y por último, cuatro de las actuaciones se consideran no rentables y no viables debido al menos a uno de los factores analizados (técnico, ambiental y social) (tipo D). En las actuaciones incluidas en este último grupo se considera que debe buscarse una solución no estructural basada principalmente en la restauración fluvial y/o adaptación.

Fedea se detiene en la de esa vía verde que debía conectar el Poyo y el nuevo cauce del Turia. Y explica que recibió una clasificación C, «lo que parece derivarse de haber obtenido una viabilidad social media y una viabilidad técnica con observaciones». Sin embargo, añade, cuando se acude a la memoria del proyecto se observa que «la demanda y aceptación social de la actuación se ha basado en una encuesta a la que respondieron 9 agentes de los 78 a los que se dirigió inicialmente, la consulta de noticias de prensa, publicaciones y alegaciones en el proceso de consulta, indicándose que «las referencias obtenidas son de carácter informativo y descriptivo relacionadas con la actuación e inciden en la necesidad de ejecución de esta, se solicita la ejecución de la actuación y la financiación para la misma, no habiéndose detectado opiniones contrarias a la obra».

Es por este motivo por el que el autor del informe de Fedea señala que es difícil «encontrarle el sentido a una priorización que, por ejemplo, no califica a ninguna actuación como lista para tramitar y licitar la obra o pone como justificación para una priorización baja (grupo C) a, entre otras razones, un análisis sobre la viabilidad social basado en un conjunto anecdótico de encuestas y noticias».

El autor del informe concluye que «hay muchas dudas de hasta qué punto los proyectos de inversión que ofrecen soluciones estructurales y presentan una evaluación positiva en el análisis coste-beneficio terminan siendo realmente ejecutados». Aunque es difícil generalizar, añade, «existe al menos la sospecha de que muchas de esas intervenciones resultan paralizadas, bien por problemas administrativos (que son muy intensos en todo lo relacionado con el agua), bien por una categorización baja en términos de prioridad, con una fundamentación cuestionable, o bien por falta de financiación».